Los jueces progresistas advierten de la «dudosa constitucionalidad» de la prórroga

MADRID- Las razones esgrimidas por el Gobierno en su acuerdo para solicitar al Congreso la prórroga del Estado de Alarma hasta el 15 de enero no han convencido lo más mínimo ni a los jueces «progresistas» ni a los «conservadores». Todos ellos coinciden en que esos argumentos no encuentran acomodo en las circunstancias previstas en la Ley que regula el Estado de Alarma para decretar esta situación de excepción.
José Luis Ramírez, portavoz de Jueces para la Democracia, llegó incluso a poner en solfa la constitucionalidad de la medida solicitada por el Gobierno. «Parece que hay motivos para entender que la cobertura constitucional de una posible prórroga del Estado de Alarma sería dudosa, porque no hay ningún dato que confirme la tesis de que no se ha restablecido ya la normalidad» en el tráfico aéreo, sostuvo al respecto.
Pero, además, entiende que el Ejecutivo ha incurrido con esa propuesta en un «uso excesivo del derecho de excepción, que no se puede utilizar siempre. Es un uso preventivo del Derecho de Alarma que carece de justificación». Y ello porque, incidió, «no se aporta ningún dato empírico, concreto, que justifique la necesidad de prorrogar el Estado de Alarma. Es un ejercicio de puro voluntarismo».
Las críticas a los argumentos del Ejecutivo para justificar su petición llegaron igualmente desde la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura. José Antonio Ballesteros, miembro de su Ejecutivo, no tuvo dudas en calificar de «netamente insuficientes» desde el punto de vista jurídico esas razones, que, en su opinión, son «puramente formales, rituarias y rutinarias, que no afectan al fondo de la cuestión, de si se está ante una situación que justifique el Estado de Alarma», de «si hay algún dato que indique que se puede repetir lo que ocurrió el pasado día tres», destacó al respecto Ballesteros.
Además, criticó que se acuda al concepto de alarma social, «después de 30 años de democracia», como una de las razones para avalar la petición de prórroga. «Es un sarcasmo, porque la alarma social nada tiene que ver con lo que reflejan los medios de comunicación», como dejó claro la Fiscalía General en 1980.