Divorcio en siete días

Madrid- El anuncio realizado por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, sobre la intervención de los notarios en las bodas y en los procesos de divorcio de mutuo acuerdo no ha dejado indiferente a nadie. De las partes implicadas, la más favorecida son los ciudadanos o así lo entienden desde la Asociación de Padres de Familia Separados (APFS). Su presidente, Juan Luis Rubio, lo considera «una buena noticia porque facilita el matrimonio». En cuanto a las separaciones y divorcios, considera que «es positivo siempre y cuando se asegure que no va a haber problemas en el futuro». Por ello, reclama que haya un cambio legislativo inspirado en el modelo de Cataluña y «se establezca que todos los matrimonios ante notario exijan la separación de bienes y que, en caso de separación, se acuerde la custodia compartida». A pesar de lo anterior, destacó, «una de las consecuencias más claras es la aceleración del proceso, que pasa de un mínimo de tres meses con la modalidad del divorcio exprés a un plazo de una semana con esta reforma».

Algunos riesgos
Por su parte, Luis Manuel López Fidalgo, presidente de la Asociación de Padres de Familia Separados, alertó de los riesgos: «Hay casos de personas que acudirán coaccionadas al notario para separarse y si hay un juez al frente del proceso, esto no podría ocurrir. Si quieren aligerar los juzgados, deberían abrir por la tarde».

El otro colectivo que sale beneficiado es el de notarios, que, con la crisis del ladrillo, han bajado su volumen de trabajo hasta el 60 por ciento en algunos casos. Con la nueva Ley de Mediación y Jurisdicción Voluntaria se abre un abanico de posibilidades de negocio que ayudarán a mejorar sus resultados. La norma establece que la gestión de las bodas y separaciones costará entre 150 y 300 euros paras las uniones y hasta 500 euros para los divorcios de mutuo acuerdo, que representa el 67% del total de casos.

Capacidad de elección
El ingreso por esta partida no será excesivo, pero permitirá la celebración de bodas en las notarías que habiliten salones para ello o el desplazamiento del notario al lugar que designen los contrayentes para celebrar el enlace. Éstas son sólo dos de las opciones que les permitirá a los notarios ampliar la facturación por el enlace.

El presidente del Consejo General de Notariado, Manuel López Pardiñas, quiso salir al paso de las acusaciones y argumentó que «no queremos invadir la competencia y la función propia de jueces y tribunales, ni pretendemos ningún tipo de pretensión de exclusividad. Debe ser el ciudadano el que elija la fórmula que más le conviene».

Esto, siempre y cuando no haya hijos menores de por medio porque estos casos seguirán dirimiéndose en un juzgado, debido a la necesidad de la intervención de un fiscal que vele por los intereses de los niños. El colectivo de abogados de familia es el más crítico con los planes de Gallardón. Los colegios de abogados de Barcelona y Galicia ya han mostrado su desacuerdo. En la Ciudad Condal, el secretario del Colegio de Abogados, Luis Sales, defendió que la medida no debe afectar a los matrimonios, aunque reconoció estar a favor en el caso de separaciones consensuadas y sin hijos de por medio, siempre y cuando ambas partes estén asesoradas por un abogado.

Por su parte, el decano del Colegio de Abogados de Santiago de Compostela, Evaristo Nogueira, sostuvo que la disolución de cualquier matrimonio «tiene que ser siempre mediante sentencia judicial, por lo que proponer que jueces y magistrados se queden fuera del proceso es de dudosa constitucionalidad».

Para el abogado de familia Adolfo Alonso no es el mejor momento para tomar una medida como ésta: «La crisis ha provocado un descenso de los procedimientos de familia en un 30 por ciento y la perspectiva de que profesionales extrajudiciales entren en escena asusta un poco por la repercusión económica. Además, las condiciones de pago y los honorarios han variado mucho».

En opinión de Alonso, «no alivia la situación de la Justicia. En todo caso, puede bajar el atasco del registro civil y de la regulación de los procedimientos».

Para este abogado de familia el problema fundamental es la banalización del derecho de familia: «Llevamos años luchando por una jurisdicción especial de familia y esto no nos favorece».

«La idea parece atractiva, pero no creo que tenga ventajas para nadie. La gente no se puede divorciar porque no hay dinero, no pueden vender el piso ni pagar la hipoteca», añadió. «La única ventaja es que la tramitación de los divorcios va a ser más rápida y, dependiendo de la ciudad, se podrán realizar en una semana», concluyó.

Los secretarios judiciales, dispuestos
El Sindicato de Secretarios Judiciales (Sisej) defendió que su colectivo podría celebrar bodas y divorcios amistosos sin que los ciudadanos tuvieran que pagar nada. El sindicato destacó que apoya que la jurisdicción voluntaria pueda reducir la carga de trabajo de los tribunales, pero sin que esta reforma suponga «menoscabo alguno al principio de igualdad de la ciudadanía para el acceso a los servicios públicos», en referencia a la minuta que podrían cobrar los notarios por celebrar matrimonios y divorcios consensuados.

PUNTOS POSITIVOS
PLAZOS
La reforma permitirá que la tramitación del divorcio pase de durar de tres a seis meses a una semana.
ELECCIÓN
Los ciudadanos podrán decidir libremente cómo realizan su enlace o su separación.
JUZGADOS
La medida permitirá que el volumen de casos tramitados por un juzgado se reduzca.
DERECHOS
Los casos de divorcio con menores de edad se tramitarán en un juzgado para preservar sus derechos en el proceso.
NIVEL EUROPEO
La elevada tasa de ascenso social nos acerca a casos como los de Holanda o Suecia.

PUNTOS NEGATIVOS
LITIGIOSIDAD
Los juzgados deben tramitar muchos litigios de familias separadas y divorciadas y la nueva norma no contribuye a reducirlos.
MENORES
El número de matrimonios sin hijos representa una minoría, lo que reduce el número de casos que pueden tramitar los notarios.
ECONOMÍA
La medida reduce la tramitación, pero encarece el coste de los matrimonios.
PROCURADORES
La intervención de los notarios perjudicará a los procuradores, que ya no intervendrán en el divorcio.