Griñán firmó aumentos del «fondo de reptiles» a costa de ayudas al empleo

Lo hizo durante la sesión de control al Gobierno en el Parlamento, sin obtener respuesta del presidente de la Junta. Las modificaciones presupuestarias es una práctica habitual en cualquier Gobierno y tienen que contar con un informe de la Intervención General que valida la disponibilidad de crédito. Es decir, que el dinero que se destina a incrementar una partida está respaldado en el Presupuesto, ya que se detrae de otro sitio. Los documentos, a los que ha tenido acceso LA RAZÓN, se corresponden con un acuerdo del Consejo de Gobierno de 27 de noviembre de 2007. En él, se incrementa en casi 7,5 millones de euros la partida 31L, conocida como «fondo de reptiles». La propuesta de elevación es del 15 de noviembre y está firmada por el actual presidente del Ejecutivo andaluz. No es la única: el PP ya denunció ampliaciones entre 2005 y 2008 por al menos 18 millones.

En el informe de la Dirección General de Planificación y de la Intervención General se argumenta que el dinero se destina a «atender las necesidades derivadas de prejubilaciones, expedientes de regulación de empleo y proyectos de viabilidad de pequeñas, medianas y grandes empresas». La cantidad se gestionará «a través de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA)». Por su parte, los créditos que causan baja afectan al Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y afectan a las siguientes partidas: gestión del plan de fomento de autoempleo (324.893,92 euros); ayudas a acciones que generan empleo (22.913,95); proyectos para el empleo (1.652.192,13), formación profesional para el empleo (1.448.503,42), aplicaciones informáticas (500.000) y para las Unidades de Empleo, Desarrollo Local y Tecnológico (3,5 millones de euros).

El PP considera que esta práctica demuestra que el Consejo de Gobierno abordó las ayudas sociolaborales y que insistió en la forma de tramitarlas pese a los reparos de la Intervención General. Una práctica conocida por los responsables del Ejecutivo –incluido el ex presidente Chaves y Griñán– pero que se mantuvo porque «agilizaba los trámites» y garantizaba «la paz social». Estos dos últimos argumentos formaban parte de las alegaciones que el viceconsejero de Empleo hizo a los informes del máximo órgano de control administrativo de la Junta, cuando éste advirtió de que la Dirección general de Trabajo estaba tramitando «subvenciones excepcionales prescindiendo de la forma total y absoluta del procedimiento administrativo establecido».

Este razonamiento es el que ha llevado a la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, a solicitar las actas de los Consejos de Gobierno desde 2001–que están ahora mismo custodiadas en los juzgados a la espera de que la Audiencia decida si son secretas o no–, ya que como explicó en uno de sus autos investiga la posible comisión de un delito de prevaricación.