El CGPJ sortea la maniobra de Garzón y le suspenderá mañana

MADRID- Esta vez la estrategia diseñada al milímetro por Baltasar Garzón puede no dar sus frutos. Sabía que la apertura de juicio oral por sus investigaciones del franquismo era inminente, máxime después de que se rechazara de plano la recusación contra el magistrado del Tribunal Supremo Luciano Varela, y por ello pidió «in extremis» que se le concediese la situación de servicios especiales en el Tribunal Penal Internacional (TPI), como consultor del fiscal jefe, Luis Moreno Ocampo. Tenía un objetivo claro: no tener que pasar por el trago amargo de verse obligado a recoger sus enseres del Juzgado de la Audiencia Nacional de forma obligada tras ser suspendido por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Pero el juez Varela, a quien intentó apartar del proceso, le ha frenado en seco y ha decidido no esperar más y sentarle en el banquillo por un delito de prevaricación, al entender que asumió y, posteriormente, cesó en sus investigaciones sobre los desaparecidos de la Guerra Civil sin tener competencia alguna para ello.La consecuencia de ese acto es clara y sin lugar para interpretaciones, según fuentes del Consejo: suspensión cautelar en el ejercicio de sus funciones hasta que, en su caso, se dicte sentencia absolutoria. Además, lógicamente, de tener que responder por su instrucción ante cinco magistrados de la Sala Penal del Supremo. En ese juicio se juega su futuro más inmediato como magistrado, toda vez que la acusación, ejercidas por Manos Limpias y la asociación Libertad e Identidad, solicita una condena de 20 años de inhabilitación.

Pleno extraordinarioEn un principio, la decisión del Consejo sobre su suspensión se iba a abordar en el Pleno convocado para el próximo día 19. Sin embargo, siete vocales –elegidos a propuesta del PP– decidieron cortar por lo sano y no esperar a ese día. Por ello, poco después de que se recibiese el auto del juez Varela solicitaron la convocatoria de un Pleno extraordinario, ante lo cual el presidente, Carlos Dívar, decidió fijarlo para mañana. Antes de abordar esa cuestión, el Pleno tendrá que pronunciarse sobre la recusación planteada por Garzón respecto a la vocal Gema Gallego (todo hace indicar que será rechazada) y la abstención de Gómez Benítez, que se aceptará.El motivo de esa petición de Pleno extraordinario es que el Consejo «está obligado a pronunciarse de forma inmediata, porque es una disposición legal que no deja alternativa». De hecho, recordaron cómo incluso el propio presidente del Consejo, Carlos Dívar, suspendió un viaje a Uruguay cuando se esperaba que Varela abriese juicio contra Garzón de forma inminente. En cuanto a la decisión final, existe la práctica unanimidad de que, con el auto de apertura de juicio oral en la mano, no cabe más opción que la suspensión cautelar.

El TPI debe concretar la ofertaY eso será lo que acuerde el Consejo, salvo que antes del Pleno de mañana lleguen los informes solicitados ayer mismo por la Comisión Permanente ante la petición de Garzón de que se le conceda la situación de servicios especiales. Tal como adelantó ayer LA RAZÓN, la petición se ha cursado al Ministerio de Asuntos Exteriores, a la Fiscalía del TPI –«a fin de que concrete la fórmula de colaboración objeto de la invitación cursada al expresado magistrado, así como el estado en que se encuentra esa iniciativa»–, al Servicio de Personal Judicial del Consejo, «con exposición de antecedentes sobre peticiones de similar naturaleza», y a la Inspección sobre la situación del juzgado de Garzón (este informe fue realizado recientemente).Si la respuesta a esa petición de informes llega con rapidez, el presidente de la Comisión Permanente, Carlos Dívar, podría incluso convocar para hoy mismo una reunión extraordinaria para abordar la solicitud de Garzón. «Es un escenario posible», aseguran fuentes del Consejo, quienes sostienen que el informe que más podría demorarse es el del TPI.

Las claves del proceso- El juez Luciano Varela dictó ayer mismo el auto de apertura de juicio oral contra Garzón, y el presidente de la Sala Penal del Supremo, Juan Saavedra, lo remitió de forma inmediata al Consejo del Poder Judicial.- En un principio, la decisión de suspender a Garzón se iba a abordar en el Pleno del día 19. Sin embargo, siete vocales instaron una convocatoria extraordinaria al entender que ese tipo de resoluciones deben abordarse con inmediatez y que es la propia Ley Orgánica la que obliga a ello.- Esta decisión fustra la iniciativa de Garzón de obtener la situación de servicios especiales y evitar así la suspensión.- De forma paralela, la Comisión Permanente del Consejo decidía recabar tres informes, al entender que la mera petición de Garzón y el escrito del fiscal de la Corte Penal Internacional eran insuficientes para decidir sobre la solicitud del magistrado de la Audiencia Nacional.