Alarma por los impagos del Govern al tercer sector

Los directores de asilos acuden a la Fiscalía por «la posible desatención y riesgo social» de los ancianos. Peligra el sueldo de 100.000 trabajadores

BARCELONA- Alarma social. Las entidades del tercer sector tienen graves problemas después de que el lunes el conseller de Bienestar Social y Familia, Josep Lluís Cleries, anunciara que la Generalitat no podrá pagar el mes de julio a les entidades sociales con plazas concertadas.
Los directores de los geriátricos presentaron ante la Fiscalía un escrito preventivo por «posible desatención y riesgo vital» de los ancianos en los asilos. «Es una situación de verdadera alarma social», considera la Asociación Catalana de Directores de Centros y Servicios de Atención a la Dependencia Gerontológica (Ascad), que agrupa a unos 300 directores de asilos, en su escrito a la Fiscalía, a la que pide «actuar en defensa de los residentes desamparados». «El riesgo es especialmente grave para las personas altamente dependientes ingresadas porque previsiblemente se producirán carencias de equipos humanos y de necesidades materiales», advirtió su director, Andrés Rueda.

Según la entidad, «el impago de la Generalitat de los conciertos de las plazas asistenciales de ancianos, discapacitados y drogodependientes imposibilita garantizar los derechos establecidos en la Ley de Servicios Sociales de Cataluña y del decreto 284/1996 que regula el sistema catalán de asistencia social». Por ello, como los directores tienen la tutela legal de asistencia y cuidado de los ancianos han decidido prevenir a la Fiscalía. «La mayoría de los centros son pequeñas empresas con rotaciones muy ajustadas y la ruptura de su círculo económico tiene como resultado una transgresión y disfunción del plan asistencial», señaló Rueda.

La falta de liquidez del Govern también afectará a los centros de discapacitados, enfermos mentales y drogotependientes concertados, así como otras entidades que ofrecen servicios sociales «dejándolas en una situación de una gravedad sin precedentes», denunció la Taula de Tercer Sector. La consecuencia directa del impago es que buena parte de los 100.000 trabajadores del sector se quedarán sin cobrar la nómina de julio, porque deja al «borde del colapso a centenares de centros y residencias de discapacitades, ancianos y enfermos mentales», define la entidad.

«Aunque la situación es muy complicada, las entidades están haciendo un gran esfuerzo para que todos sus trabajadores cobren parte de sus nóminas y la atención a sus usuarios quede garantizada», resaltó la presidenta de Asociación Catalana de Recursos Asistenciales (Acra), Cinta Pascual. Según la Acra, un 63 por ciento de las entidades no podrán pagar la totalidad de los sueldos a sus trabajadores, concretamente afectaría a unos 18.900 empleados, y casi dos de cada tres dejarán de cobrar parte de su nómina.

Si el impago se repite en los próximos meses, «se pone en riesgo el conjunto de un sector vulnerable, así como la atención de casi 34.000 usuarios y la continuidad de más de 30.000 empleos», advierte la asociación. Muchas entidades sobrevivirán este mes gracias a sus ahorros o pólizas de crédito, pero si la situación se repite muchas se verán obligadas a cerrar. Por ello, el conseller quiso enviar un mensaje de tranquilidad a las entidades y se comprometió a pagar agosto.

En los centros sanitarios concertados la situación también es grave, ya que la mayoría no recibirá el pago correspondiente de este mes, aunque en casos concretos Salud ha llegado a un acuerdo para solucionar el retraso, según fuentes de la conselleria de Economía, que explicó que las escuelas concertadas no se verán afectadas. «Hemos prioirzado las nóminas directas de la Generalitat y los vencimentos de los intereses», añadieron.

 

En peligro la comida de 2.000 niños tutelados
barcelona- La federación que agrupa a la entidades catalanas que trabajan con menores tutelados o en riesgo de exclusión social (Fedaia) advirtió ayer de que el impago de los conciertos del mes de julio impuesto por la Generalitat al sector pone en peligro la manutención de 2.000 niños tutelados. Según la federación, los 80 centros que atienden a los menores tutelados por la administración autonómica «se encuentran abocados al colapso si la Generalitat no hace efectivos los pagos correspondientes al mes de julio».

Las entidades, que aglutinan más del 90% de los centros residenciales de acción educativa, se encuentran en graves dificultades para hacer frente a los gastos derivados del cuidado y educación de estos niños. «Estos centros se encuentran en estos momentos en una situación de bloqueo», dijo el presidente de Fedaia, Jaume Clupés. Y añadió que el impago «impedirá el funcionamiento normal de estos centros, que deben hacer frente a gastos ineludibles como alimentación, desplazamiento, medicamentos, facturas de suministros y el pago de las nóminas de los profesionales que atienden diariamente a estos niños». «Se trata de una cuestión de derechos básicos. Por su especial situación de indefensión, estos menores debería ser una prioridad a la hora de gestionar los recursos existentes por escasos que éstos sean», sentenció la Fedaia, que recordó que las familias no pueden ayudar.
 

RECODER QUIERE AHORA EL TRASPASO TOTAL DE CERCANÍAS
Un día después de que la Generalitat admitiera que sus arcas no dan para pagar a dependientes y a los geriátricos, el conseller de Territorio y Sostenibilidad, Lluís Recoder, aseguró que quiere renegociar con el Gobierno el traspaso de Cercanías. Según dijo, el objetivo es que la Generalitat, más allá de gestionar el servicio, pueda hacerse cargo de las infraestructuras y estaciones de la red. Recoder emplazó al Ministerio de Fomento a abrir un proceso de negociación para completar este traspaso a la Generalitat, ya que las condiciones actuales del mismo, que se limitan a la titularidad, «no garantizan la mejora del servicio».