La Ley de Violencia de Género fracasa cinco años después

La fría estadística indica también que las campañas de concienciación puestas en marcha por el antiguo Ministerio de Igualdad (convertido en una secretaría de Estado adscrita al Ministerio de Sanidad en la última remodelación del Gobierno) tampoco han conseguido calar en la sociedad. De hecho, de las 64 víctimas mortales, sólo 16 (el 25 por ciento) habían denunciado a su verdugo y dos de ellas renunciaron al proceso (3,1 por ciento).

En este sentido, la presidenta del Observatorio de Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Inmaculada Montalbán, indicó ayer que el número de mujeres que presentó una denuncia por violencia de género y, posteriormente, renunció a continuar con el proceso judicial ha aumentado un 46,4 por ciento desde 2007.

Montalbán presentó ayer las estadísticas del Observatorio de Violencia Doméstica de los últimos años y mostró su preocupación por el bajo índice de denuncias: «Esto quiere decir que existe una importante bolsa de mujeres maltratadas que no ponen en conocimiento de las autoridades su situación».

En cuanto a las víctimas extranjeras, hizo hincapié en la necesidad de poner en marcha campañas de información que las acerquen a las instituciones y a los servicios de protección.

470.000 denuncias
Según los datos del CGPJ, de enero de 2007 a junio de 2010 se han presentado más de 470.000 denuncias en los juzgados de violencia sobre la mujer, con un incremento del 17 por ciento respecto a hace tres años. De ellas, 145.000 finalizaron en sentencia condenatoria, 11.052 ordenaron suspender la guardia y custodia de los hijos y 544 suspendieron directamente la patria potestad. En lo que va de año, sólo se han detectado tres casos de denuncias falsas.

En opinión de Montalbán, el balance «es muy positivo, en España no hay impunidad para este tipo de delitos». «Las cifras revelan que el sistema judicial penal ha mejorado su respuesta y la protección de las víctimas», añadió la presidenta del Observatorio, que, a pesar de defender que la Ley Integral «ha salvado muchas vidas», advirtió de que «no pueden obviarse ni el número de sobreseimientos provisionales ni las renuncias de las víctimas».

¿Qué está fallando?
Una de las claves de esta problemática hay que buscarla más allá de los juzgados. «La respuesta judicial, por mucho que haya mejorado o sea mejorable, difícilmente será plenamente satisfactoria, ya que esta intervención se produce cuando la violencia ya se ha manifestado en forma de golpes, amenazas y coacciones». La intención de estas palabras de Montalbán es hacer un llamamiento a las distintas administraciones para focalizar los esfuerzos en la prevención. «Es necesario invertir en educación y buscar un cambio social, es la única clave para acabar con la violencia de género», dijo.

Estas declaraciones dicen bien a las claras que las instituciones deben impulsar un cambio profundo en la sociedad. Así, la declaración institucional del Observatorio con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres reclama «medidas organizativas que hagan más eficaz la labor de los juzgados, que faciliten a las víctimas una respuesta especializada y más rápida».

Otras de las disfunciones detectadas por la institución afectan a la garantía integral de la asistencia letrada a las víctimas o la generalización de los tratamientos de rehabilitación de los condenados por estos hechos y su evaluación posterior, para propiciar que las víctimas encuentren un mayor ámbito de protección.

Por ello, el Poder Judicial pretende centralizar la asistencia a las víctimas para evitarles largos procesos judiciales y asistenciales. La tarea no es nada sencilla porque las competencias en esta materia están transferidas a las comunidades autónomas y habría que establecer un protocolo conjunto con la aprobación de las distintas administraciones regionales.

La falta de formación de los jueces en esta materia ha provocado muchas disfunciones en los últimos meses. Por ello, el Poder Judicial ha puesto en marcha un proceso de formación dirigido a los magistrados, en el que interviene un representante de la Secretaría de Estado de Igualdad, para desatascar la imposición de los dispositivos «antimaltrato».

El obstáculo más problemático es el derecho de las víctimas a no declarar, argumento esgrimido para acabar con el proceso. Para subsanarlo, se están estudiando fórmulas que eviten que estas mujeres se retracten.

Esta realidad no ha pasado inadvertida para la Defensora del Pueblo, María Luisa Cava de Llano, que este año ha iniciado dos actuaciones tras las numerosas quejas recibidas por las dilaciones en los procesos judiciales, la falta de dotación de los equipos psicosociales y la falta de flexibilidad de las casas de acogida.


Seis de cada diez mujeres serán agredidas
La alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Navy Pillay, recordó ayer que cerca de un 60 por ciento de las mujeres en el mundo sufrirán violencia de género al menos una vez en su vida, y pidió el fin de la «apatía» y de la complicidad» de la sociedad ante este problema. «Aunque no hay estadísticas precisas, las cifras recientemente publicadas por la ONU sugieren que en algunos países hasta el 60 por ciento de las mujeres pueden sufrir violencia física al menos una vez en su vida», señaló Pillay.