La inversión directa caerá un 243% más del doble que el gasto corriente

SEVILLA- La Junta ha optado por recortar de manera drástica la inversión directa para cuadrar las cuentas públicas de 2011. Si el Presupuesto de 2010 alcanzó los 33.737,7 millones, los 2.055,5 millones menos con los que contará en 2011 saldrán básicamente de los recursos que el Gobierno andaluz destina a infraestructuras. Serán 1.726,8 millones, pasando de una inversión directa de 7.112,9 millones a 5.386,1 para el próximo ejercicio: una caída del 24,27 por ciento.
Según el proyecto de ley de Presupuesto aprobado ayer por el Consejo de Gobierno, el impacto sobre el PIB andaluz también será menor: en 2010, los más de 7.000 millones equivalían a un 4,8 por ciento del PIB. Para 2011, los 5.300 supondrán el 3,6 del PIB regional.
La Junta pretende salvar este déficit inversor incrementando la colaboración público-privada que pasará de los 257,5 millones de este año a 514,9. El único inconveniente es que lo presupuestado este año aún no se ha cumplido y sólo se ha ejecutado un proyecto de obra bajo esta fórmula, aún no licitado –la A-308 Iznalloz-Darro–.
Esta disminución de recursos propios de la Junta contrasta, por ejemplo, con el capítulo II que engloba los gastos corrientes. Decrece un 9,8 por ciento, mientras que este año lo hizo un punto más, el 10,8. Se trata del porcentaje no vinculado a la prestación directa de servicios, ya que en realidad crece un uno por ciento y pasa de 3.351,4 millones a 3.384,2. La estrategia de austeridad impulsada en 2008 conseguirá ahorrar en 2011 87,5 millones.
Educación y sanidad, salvadas
El gasto social se salva de los ajustes y representa el 78,1 por ciento del total del gasto no financiero, 2,7 puntos más que en 2010.
A Educación se destinarán 7.485,7 millones de euros y a Sanidad, 9.390,2 millones. Ambas políticas suman más del 50 por ciento de gasto de los 31.682 millones presupuestados.
La cantidad total destinada a ambas es menor que en las cuentas de 2010, debido a que el capítulo I de gastos de personal sufre un descenso del 5 por ciento por el recorte salarial aprobado a los funcionarios públicos. No así, según explicó Aguayo, los servicios que prestan ambas consejerías.
En cuanto a la aplicación de la Ley de Dependencia, los recursos se incrementarán un 8,7 por ciento para atender a los 173.220 beneficiarios reconocidos en Andalucía, que representan el 27,6 por ciento de las prestaciones reconocidas en el conjunto nacional.

Riesgo crediticio
Lo advirtió la propia consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo: la Junta espera que las agencias de calificación de riesgos de crédito rebajen el rating que otorgan a la comunidad autónoma. El motivo es la decisión «política» de asumir el máximo del déficit permitido para 2011, que es del 1,3 por ciento del PIB. El aviso no se hizo esperar: S&P, una de las agencias, rebajó ayer la calificación de la deuda andaluza de AA a AA- y le otorga, además, una perspectiva negativa.