Junta y Ayuntamiento impulsan la ciudad judicial de hace dos años

SEVILLA- El Ayuntamiento experimentó ayer una especie de vuelta al pasado, repitiendo una escena de la película de historia antigua en que se ha convertido la construcción de la Ciudad de la Justicia. Sólo cambiaron algunas caras, como la del consejero del ramo, Luis Pizarro, quien cerró con el alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín, un acuerdo para la cesión gratuita de la parcela municipal de Los Gordales donde se empezará a trabajar en un complejo de cuya creación se está hablando desde hace más de una década y que estuvo a punto de arrancar hace dos años.
Pizarro garantizó que su departamento presentará hoy mismo la solicitud formal ante el Ayuntamiento para hacerse con 7.233 metros cuadrados de titularidad municipal y celebró, junto a Monteseirín, este «paso definitivo» en la consecución del mismo proyecto que presentó en febrero de 2009 Evangelina Naranjo cuando era consejera: una ciudad judicial de casi 40.000 metros y una edificabilidad de 221.000 metros (137.850 sobre rasante), capacidad para más de 400 órganos judiciales y para cubrir las necesidades de la capital y la provincia hasta 2060.
El propio consejero admitió que fue Naranjo quien concibió la idea de comenzar la sede judicial en los terrenos que no están afectados por el pleito que mantiene Patrimonio del Estado por la edificabilidad otorgada en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) a una pequeña parte de sus 32.075 metros en Los Gordales. Los juzgados fallaron a favor del Ayuntamiento, pero la Administración central recurrió al Tribunal Supremo y no se espera su decisión antes de «un año o año y medio».
Trabajo atrasado
Por este motivo, Justicia decide ahora desempolvar su propio proyecto y promover la primera fase del complejo, que contempla el aprovechamiento del suelo aún municipal para edificar dos inmuebles que tendrán 86.188 metros cuadrados de superficie construida (55.822 sobre rasante), bastante más que los 63.000 metros disponibles en las actuales instalaciones del Prado de San Sebastián. Los trámites para la cesión oficial de los terrenos a la Junta de Andalucía y los trabajos técnicos para la elaboración del pliego de condiciones se prolongarán durante «un año como mínimo». Sólo entonces se procederá a la licitación del proyecto definitivo, un plazo que Pizarro considera corto porque «lo habitual serían dos anualidades», pero se encargará «personalmente» de que las tareas burocráticas previas se aborden por la vía urgente.
Al consejero no le gustó demasiado explicar por qué se ha perdido tanto tiempo en aplicar una solución que, según reconoció él mismo, había encontrado Evangelina Naranjo hace años. Luis Pizarro evitó nombrar a su inmediata predecesora en el cargo, Begoña Álvarez, pero sí lamentó que «abriera otro debate» sobre la implantación de la Ciudad de la Justicia en el entorno portuario y se produjera una nueva demora «incomprensible para la gente».
Monteseirín no perdió la oportunidad de achacar este «paréntesis» a los «anteriores responsables» autonómicos, que se empeñaron en esperar a la resolución del conflicto judicial con el Estado «en contra de nuestro criterio» al frente del Gobierno local.
Pese a reconocer que el retraso del proyecto se debe a motivos políticos, el consejero intentó zanjar el asunto proclamando que el recuperado proyecto «no es fruto de la improvisación o una ocurrencia electoral». Su objetivo era criticar al «gran Zoido», en referencia al alcaldable del Partido Popular, y su Distrito Judicial en el Prado.
Aparte de las dificultades técnicas y económicas de este emplazamiento, Luis Pizarro censuró que Zoido tardara sólo «cuatro años en romper un acuerdo plenario adoptado por unanimidad» en junio de 2008 para respaldar la ubicación de la Ciudad de la Justicia en Los Gordales. Monteseirín subrayó que los populares promovieron esa iniciativa plenaria que ahora descartan, como incluyeron la Biblioteca Universitaria en los jardines del Prado en su anterior programa electoral para después contribuir a la paralización de sus obras. «Por eso no hay que echar cuenta a esas propuestas», sentenció.
Para Juan Ignacio Zoido, el alcalde y el consejero carecen de «credibilidad» para anunciar el desbloqueo de un proyecto que sigue sin financiación autonómica concreta.

Las reacciones
JOSÉ JOAQUÍN GALLARDO Decano del Colegio de Abogados
«Este anuncio es un engendro electoral extemporáneo»
El decano de los abogados calificó de «engendro electoral» este proyecto porque cualquier decisión sobre la Ciudad de la Justicia la adoptará el nuevo alcalde. Gallardo lamentó la «extemporánea, esperpéntica y patética puesta en escena» de Pizarro y Monteseirín, intentando rentabilizar «un fracaso histórico de los sucesivos titulares de Justicia».
FEDERIDO JIMÉNEZ BALLESTER Juez decano de Sevilla
«No dejamos de tener ciertas dosis de escepticismo»
El juez decano de los jueces sevillanos recordó que «no es la primera vez que se nos anuncia este proyecto, por lo que no dejamos de tener ciertas dosis de escepticismo». Aun así, mostró su confianza en que «este anuncio sea una realidad» y se desbloquee definitivamente» una actuación «tan añeja. Esperamos que no sufra nuevos parones».