El Ayuntamiento halla otro agujero económico de 52 millones de euros

Con un endeudamiento superior a 600 millones, el estado de salud del Ayuntamiento de Sevilla sólo puede ser considerado como muy grave. La desagradable labor del nuevo equipo de Gobierno desde que hace dos meses largos Juan Ignacio Zoido accediera a la Alcaldía consiste en desempolvar la Delegación de Hacienda y Personal para ratificar todo cuanto intuían sobre la nefasta gestión de Sánchez Monteseirín. El último hallazgo ha sido un agujero económico superior a 52 millones.

El retraso en la tramitación de la subvención podría dejar sin la ayuda económica a los desempleados
El retraso en la tramitación de la subvención podría dejar sin la ayuda económica a los desempleados

Según fuentes municipales, en el cajón de sastre del Consistorio se han encontrado facturas para reconocimientos extrajudiciales de crédito por un valor de 15.224.873,62 euros, correspondientes a «encargos a dedo» de los miembros del Gobierno anterior. Se trata, por tanto, de recibos de proveedores a los que los gestores socialistas habrían recurrido sin cumplir con la Ley de Haciendas Locales –la que estipula que las contrataciones, según la cuantía en obras y servicios, han de hacerse por concurso público, procedimiento negociado con publicidad o negociado sin publicidad–, de cuyas encomiendas no existen expedientes y no estaban contabilizadas como deuda al no constar en la Intervención General del Ayuntamiento. De hecho, según las referidas fuentes, «no había conocimiento de que esos proveedores habían hecho esos trabajos».

A fecha 7 de julio, estas facturas estaban a falta de llevarse a Pleno como reconocimientos extrajudiciales de crédito, pues la Ley ofrece esta vía para casos excepcionales y el Ayuntamiento opta por abonar el importe porque desde la Intervención General se ha comprobado que la obra o el servicio se ha realizado y el proveedor no es responsable de esta «mala práctica».

Por otra parte, la delegación que encabeza Asunción Fley tiene aún pendientes de revisar facturas por un valor de 37.104.532,27 euros correspondientes a obras o servicios que no constan en expediente oficial y que todavía no han sido sometidas a comprobación por parte de la Intervención General, paso previo al reconocimiento del crédito, a llevarlo a Pleno y, en último lugar, a proceder al abono de las cantidades al proveedor.

Teniendo en cuenta que el Gobierno de Zoido se ha encontrado con el presupuesto para 2011 «casi agotado» por Monteseirín en cinco meses, es normal que Gregorio Serrano, concejal de Economía, admita que «lo vamos a pasar realmente mal para terminar el año» y hasta habilitar el de 2012.
El PP ya denunció un saldo negativo en la liquidación de las cuentas de 2010 cercano a 51 millones de euros.


La Junta deja «tirados» a más de 2.000 parados del plan Andalucía Orienta
Gregorio Serrano, concejal de Economía, Empleo, Fiestas Mayores y Turismo, acusó a la Junta de Andalucía de dejar «tirados» a 2.173 desempleados con el retraso de la tramitación de una nueva subvención para el programa Andalucía Orienta, lo que ha provocado el cierre de cuatro oficinas desde mediados de agosto y la situación de paro de los orientadores profesionales. «Es una irresponsabilidad», señaló el representante del Consistorio, pues la solicitud de la prórroga se cursó el 25 de febrero y no se obtuvo respuesta afirmativa hasta el 9 de agosto, teniendo en cuenta que los cursos que reciben son necesarios para percibir la ayuda de 400 euros. El año pasado ya se dio la situación actual, «pero como el Ayuntamiento estaba en manos de socialistas e IU, no interesaba que se supiera», según Serrano. El Consistorio ha optado por derivar a los perjudicados a otras oficinas que desempeñan la misma función –de CCOO o UGT– y anuncia la solicitud de una quinta sede de Andalucía Orienta en el Polígono Norte.

Por otro lado, el concejal se reunió con representantes del sector de la terrazas y discotecas de verano. Los empresarios presentaron una propuesta de cobertura legal al Ayuntamiento.

La situación de alegalidad de estos negocios se puso de manifiesto con la denuncia del propietario de «Luna Park» al verse obligado a cerrar ante la amenaza de precinto debido a las irregularidades detectadas.