El Gobierno pide por carta a los empleados que delaten a sus empresas

MADRID- Son tiempos duros para la economía española. Los problemas de déficit han obligado al Gobierno a aprobar sucesivos programas de ajuste de corte draconiano para reducir los gastos y a buscar dinero debajo de las piedras con medidas como la privatización parcial de AENA y de las Loterías del Estado, la subida de impuestos como el IVA o intensificando la lucha contra el fraude.

En esta batalla contra la evasión de impuestos, la Tesorería de la Seguridad Social está recurriendo a métodos cuanto menos atípicos para recuperar fondos, como remitir cartas a los empleados de empresas que adeudan pagos para requerir su colaboración.

En las misivas –ver reproducción adjunta–, el organismo dependiente del Ministerio de Trabajo e Inmigración advierte al trabajador de que tiene abierto «un expediente por deudas con la Seguridad Social» contra la compañía en la que presta sus servicios.

Por este motivo, solicita la colaboración del empleado, «que puede prestar de forma totalmente anónima en la tramitación del expediente».

El argumento que la Tesorería emplea para persuadir a los posibles «delatores» es que «tanto usted como el resto de trabajadores pueden verse afectados en sus intereses por el hecho de que una empresa no ingrese las cuotas reglamentarias de la Seguridad Social y no pueda ser localizada». Y para que al posible colaborador no le quepa duda alguna de que sus jefes no podrán rastrear de donde ha procedido la información, se le asegura que «la información que nos proporcione tiene carácter confidencial y reservado, pudiéndose utilizar sólo para los fines recaudatorios encomendados a la Tesorería General de la Seguridad Social». Puede que no sea precisamente en actuaciones como estas en lo que estaban pensando, pero lo cierto es que desde que comenzó la crisis, los expertos vienen demandando al Ejecutivo un plan eficaz de lucha contra el fraude, sin demasido éxito. En marzo, y con el aparatoso nombre de Plan Integral de Prevención y Corrección del Fraude fiscal, laboral y de la Seguridad Social, el Gobierno aprobó una serie de nuevas medidas para aumentar la recaudación por esta vía que, en la práctica, sólo introducía una novedad: que por primera vez en la historia las inspecciones de Hacienda, Trabajo y de la Seguridad Social podrán coordinar sus actuaciones.

El Ejecutivo espera que esta medida le permita aumentar los ingresos fiscales en 1.000 millones de euros hasta 2013. Una nimiedad, según recalcaron entonces los expertos.

Con una estrategia decidida y contundente, los técnicos de Hacienda calculan que las bolsas de fraude y de economía sumergida en España podrían reducirse en diez puntos porcentuales.

Según un reciente informe de la consultora A. T. Kearney y Visa Europa, la economía sumergida representa en nuestro país un 19,5% del PIB, que ascendía a 1,05 billones de euros en 2009.

Semana decisiva para la reforma de las pensiones
Las negociaciones entre Gobierno, patronal y sindicatos para la reforma de las pensiones entran en una fase decisiva a falta de apenas cinco días para que el Ejecutivo lleve al Consejo de Ministros el anteproyecto de ley. El Gobierno se fijó para el día 28 de enero la aprobación de la reforma de pensiones y quiere cumplir con el plazo, a pesar de que los sindicatos ven difícil que pueda lograrse un acuerdo antes de esa fecha, ni por supuesto de mañana, que es cuando el Parlamento tiene previsto discutir en el Pleno las recomendaciones del Pacto de Toledo. No obstante, desde fuentes gubernamentales se filtró la semana pasada que los plazos podrían ser más flexibles. El mismo viernes en que supuestamente se dará luz verde al anteproyecto de reforma de las pensiones se conocerán los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del cuarto trimestre, que reflejarán cómo se comportó el desempleo y la ocupación en el ejercicio 2010.

Confidencial y reservado
La Seguridad Social, dependiente del ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, subraya en su carta que «la información que nos proporcione tiene carácter confidencial y reservado, pudiéndose utilizar sólo para (...) fines recaudatorios».