Dos años para lograr una solución en la Cañada Real

Así queda reflejado en el proyecto de ley que será aprobado en la Asamblea regional el próximo diez de marzo, con los votos a favor del PP y en contra de PSOE e IU.

La ley establece además que una vez acabado ese plazo, las tres administraciones, junto con la Comunidad y la Delegación de Gobierno, se sentarán en una mesa de negociación con el objetivo de llegar a un acuerdo sobre las opciones y necesidades que se pueden dar a las 12.000 personas que viven esta vía pecuaria, así como a las 2.300 edificaciones, que la Consejería de Medio Ambiente ha contabilizado.

En primer lugar, la aprobación de la ley supondrá la «desafectación» de los 14 kilómetros de vía pecuaria que afecta a estos municipios. Es decir, dejará de ser de dominio público y pasará a convertirse en bien patrimonial de la Comunidad. A partir de ahí, el Gobierno regional, en función del informe que presenten los ayuntamientos, tendrá la potestad de enajenar, permutar, ceder, o vender los terrenos a los consistorios o a terceros (incluso los propios ciudadanos que actualmente ocupan la Cañada).

Cambiar planes urbanísticos
Pero la realidad es que para acabar con el problema social y urbanístico que afecta a esta vía pecuaria, desde hace más de cinco décadas, va a hacer falta más de dos años. Una vez encontrada y acordada la solución social para los diferentes casos de asentamientos (desalojos, realojos, cesión-venta de propiedades....), los consistorios deberán realizar una modificación de sus planes generales de urbanismo que contemple el destino último del suelo.

Los consistorios deberán calificar la parte de la Cañada que pertenece a sus municipios, como residencial, «verde», industrial, etc. La ley no establece plazo para ejecutar estos planes urbanísticos (teniendo en cuenta la situación económica actual), por lo que el desmantelamiento total podría tardar años. La solución, según explicó la consejera de Medio Ambiente, vivienda y Ordenación del Territorio, Ana Isabel Mariño, no tendrá por qué ser «integral». Es decir, cada ayuntamiento podrá decidir qué hace con el terreno, con sus habitantes y si es necesaria la colaboración de la Comunidad (para un plan de realojo) o de la Delegación del Gobierno (en caso de presencia de ilegales). A pesar de que en 2009 todas las partes implicadas redactaron el borrador de forma conjunta, la introducción del plazo de dos años para llegar a un acuerdo social, así como el hecho de que la Comunidad haya decidido dar voz también a las asociaciones vecinales, dinamitó el consenso. De esta manera, si en dos años los ayuntamientos no presentan una solución, será la Comunidad la que decida el futuro del suelo y sus habitantes.