Alaya investiga 35 millones con cargo a Innovación de la etapa de Griñán

La juez instructora concreta las pesquisas sobre el denominado «tercer fondo de reptiles» y amplía las posibles irregularidades más allá de la partida fraudulenta original

SEVILLA- La juez instructora del «caso de los ERE», Mercedes Alaya, investiga el pago de 3,5 millones de euros en ayudas sociolaborales con cargo a la Consejería de Innovación libradas después de que José Antonio Griñán accediera a la Presidencia de la Junta.

En un auto fechado el martes y al que ha accedido este periódico, Alaya pone la lupa sobre lo que se conoce en el caso como «el tercer fondo de reptiles». Es decir, ayudas ordenadas por la Dirección General de Trabajo y pagadas por la Consejería de Innovación. No son por tanto con cargo a la partida 31.L de Empleo, el «fondo de reptiles», pero el procedimiento es similar.
Pone el acento la magistrada en tres empresas: Abantia Ticsa y los Astilleros de Huelva y Sevilla. En el caso de Abantia, recibió una ayuda de 450.000 euros. De la última información trasladada por la Junta se desprende que «dicha ayuda sociolaboral fue concedida por la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social». Fue el ex director general de Trabajo imputado Daniel Alberto Rivera, en el cargo hasta hace unas semanas, el que, «a requerimiento» de un directivo de IDEA, Juan Francisco Sánchez, emitió una comunicación «en la cual exponía que dicho pago debía realizarse en ejecución del acuerdo de encomienda de 27 de abril de 2010, tratándose de «un compromiso asumido por las viceconsejerías» de Empleo y de Innovación y Ciencia –aparece Economía por error– con fecha de 26 de enero de 2010. Con el mismo procedimiento cita Alaya un pago a Astilleros de Huelva del 24 de marzo de 2010 de 952.404,89 euros y dos a Astilleros de Sevilla, el 24 y el 29 de julio de 2010, de 455.025 y 1.325.254 euros respectivamente. La suma es de 3.537.680,15 euros. «La existencia de dicho compromiso, la realidad del acuerdo adoptado y las consecuencias derivadas del mismo, habrán de ser investigadas. Y por ello procede requerir a la Junta para que remita el convenio de colaboración suscrito entre la Consejería de Empleo y la Consejería de Innovación en virtud del compromiso de fecha 26 de enero de 2010».

Estas nuevas pesquisas se incardinan en el convencimiento mostrado tanto por Alaya como por la Guardia Civil de que en la etapa posterior al cese del director general de Trabajo encarcelado Francisco Javier Guerrero las irregularidades en el procedimiento persisten. El nombre del presidente de la Junta será uno de los que integre la lista de comparecientes en la comisión de investigación de los ERE.