La Junta de Andalucía admite ya 200 ERE irregulares

SEVILLA- El Gobierno andaluz ha revisado, en el marco de la investigación sobre los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) fraudulentos que instruye la juez Mercedes Alaya, 325 ayudas sociolaborales y, hasta el 12 de junio, detectó 200 con irregularidades, lo que ha supuesto la reclamación de 12 millones de euros a sus perceptores y dejar de pagar otros 14.
Así se recoge en un informe que el ex director general de Trabajo Daniel Alberto Rivera, imputado en la causa, entregó a la juez con motivo de su declaración el pasado 12 de julio, en el que como muestra de la «colaboración constante» de la Junta con la Justicia recoge que, hasta marzo pasado, la primera había entregado al juzgado de Instrucción número 6 más de 200.000 folios de documentación.
En dicho texto consta además que hasta el pasado 12 de junio, el Ejecutivo autonómico había iniciado la revisión de 191 ayudas a empresas, ayuntamientos y consultoras con cargo a la partida 31L, conocida como «fondo de reptiles», por un importe total de 106.191.283 euros, correspondientes a un crédito total comprometido de 135.068.340 euros, según recoge Efe.
Rivera explica en el documento que hasta el 12 de junio la Junta había revisado 325 expedientes de ayudas sociolaborales, de los que 281 habían ya concluido en su primera fase y 44 estaban en trámite de alegaciones. De los dados por finalizados, 200 presentaron algún tipo de irregularidad porque el perceptor no tenía ningún derecho o simultaneaba esta percepción con trabajos remunerados o con incapacidad permanente; 71 eran correctos y «se han resuelto favorablemente para las personas interesadas»; otro terminó con revocación, cinco con archivo y cuatro se remitieron a una revisión de oficio.
Precisa el informe del ex alto cargo de la Junta que las cantidades «reintegrables» a la Administración autonómica por lo «indebidamente abonado» a esos trabajadores asciende a 12.823.637 euros. Una cantidad a la que se suman los 14.725.868 euros que el Gobierno autonómico ha dejado de pagar en esos expedientes.
En concreto, en 105 de ellos la Junta había iniciado, hasta el mencionado 12 de junio, la fase de reintegro y las cantidades reclamadas ascendían a 9.960.169 euros.
Baile de cifras
Estos datos aportados por Rivera contrastan con los que maneja Alaya quien, en un auto de marzo pasado, estimó que son 617 las ayudas sociolaborales y 270 las ayudas directas a empresas que se habrían otorgado de forma fraudulenta. Entonces, la Fiscalía Anticorrupción, por su parte, cifró su importe total en 933 millones de euros.