Bruselas quiere prohibir a las agencias de «rating» calificar a los países rescatados

La propuesta llega tras la polémica decisión de Moody's de rebajar la semana pasada la nota de la deuda de Portugal a la categoría de bono basura pese a que el país recibe asistencia financiera de la UE y está sometido a un programa de ajuste.

"No se trata de romper el termómetro que mide las dificultades muy reales de algunos Estados. Pero cuando un Estado es miembro de la UE y se beneficia de la solidaridad de sus socios, cuando aplica un programa de apoyo internacional, no puede no tenerse en cuenta", ha dicho Barnier en un discurso pronunciado en París cuyo contenido se ha difundido en Bruselas.

"En estas condiciones, hay que plantearse la cuestión de saber si hay que permitir las calificaciones soberanas cuando un Estado se encuentra bajo un programa internacional", ha resaltado el comisario de Servicios Financieros.

"Por supuesto, habrá que estudiar todavía la viabilidad y examinar las modalidades de la prohibición", ha precisado, y ha anunciado que ha pedido a la presidencia polaca que incluya la cuestión en las próximas reuniones de ministros de Economía de la UE.

Barnier ha destacado los efectos negativos de las degradaciones de notas sobre los países afectados, como "el aumento del coste del crédito, la debilitación de los Estados y posibles efectos de contagio a otras economías próximas".

Por ello, la Comisión propondrá exigir a las agencias de 'rating' que den a los Gobiernos antes de cualquier rebaja de nota información previa y completa "para permitir una verificación de los datos utilizados". También tendrán que publicar obligatoriamente el análisis que ha conducido a la degradación y llevar a cabo análisis completos de forma más regular.

El Ejecutivo comunitario pretende además "apoyar directa o indirectamente la aparición de nuevos actores"en el mercado de las agencias de 'rating' para aumentar la competencia, por ejemplo conectando varias agencias de talla pequeña o mediana.

Finalmente, la Comisión propondrá reducir la dependencia de los bancos respecto a las notas de las agencias y facilitar que los inversores puedan reclamar daños y perjuicios en caso de negligencia o vulneración de las reglas aplicables.