Herrera renueva su compromiso sin fisuras con los servicios sanitarios

El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, renovó su compromiso sin fisuras con la Sanidad regional. Así lo hizo durante su visita a la primera fase de las obras de ampliación del Hospital de Benavente -en el que se han invertido casi seis millones de euros-, que prestará servicios a más de 50.000 pacientes.

Herrera argumentó su apuesta por la calidad al apuntar que el Plan de Infraestructuras Sanitarias 2002-2010 se cumplirá «en su totalidad, a pesar de las dificultades económicas, ya que por cualquiera que sean las restricciones presupuestarias, este servicio va a seguir siendo una prioridad».

Al respecto, manifestó que los 1.300 millones de euros de desembolso planteados al comienzo de la planificación «ya se ha superado», como consecuencia del «esfuerzo continuado» de un gasto público, «sin precedentes en Castilla y León». Un empeño que se refleja entre la población. Así lo cree el presidente de la Junta de Castilla y León, quien apuntó la «tendencia creciente en el índice de satisfacción de los usuarios del sistema», tal como reflejan barómetros independientes y del Ministerio de Sanidad. Unos estudios que sitúan a Castilla y León «a la cabeza de las comunidades autónomas pluriprovinciales» en materia sanitaria.

Según Herrera este logro parte del «esfuerzo, la ilusión y la profesionalidad de los empleados públicos del sistema de salud de Castilla y León» y la gestión «responsable y comprometida» de la Administración regional.

Atención a ocho zonas de salud
La reforma y ampliación del Hospital de Benavente, que incrementa la superficie actual en un 89 por ciento, servirá para atender a pacientes de las zonas de Benavente, Villalpando, Sanabria, Carballeda y el Tera.

Entre las actuaciones ya ejecutadas se encuentra la ampliación del área de Urgencias, la del Área Quirúrgica, la creación de un área de endoscopias digestivas, de laboratorios, un espacio de esterilización y se modernizan algunas aplicaciones técnicas.

Según las previsiones de la Junta, con estos trabajos se evitará el desplazamiento de pacientes a la capital zamorana para dar respuesta a 87.000 actuaciones asistenciales, sólo durante este año.

La segunda fase de las obras, prevé un desembolso de más de siete millones de euros, y contempla la ampliación de habitaciones y la renovación de las zonas de hospitalización, de servicios centrales y de radiodiagnóstico.

Por otra parte, Herrera se mostró preocupado por las posibles concesiones del Gobierno que preside José Luis Rodríguez Zapatero, en materia de Empleo y Seguridad Social, para conseguir el respaldo de los nacionalistas vascos de cara a sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado de 2011.

«Podría suponer la ruptura de la caja única de la Seguridad social, un elemento clave de la solidaridad entre los españoles», avisó Herrera, quien destacó que el Gobierno ya «tiene precedentes» en actuaciones, «capaces de desdecir lo que han sido políticas continuadas en la Democracia Española».

A su parecer, la negociación de las cuentas estatales «siempre perjudica a los intereses de Castilla y León», en alusión al blindaje de los conciertos económicos de las diputaciones forales vascas.

Estabilidad de la minería
En otro orden de cosas, Juan Vicente Herrera reclamó un marco normativo para «asegurar la estabilidad del sector minero en España». Así, destacó que «desde la Junta trabajamos en colaboración con el Gobierno, con otras comunidades como Asturias y con los empresarios, para apoyar y exigir que se asegure su permanencia».

Y es que, como recordó el presidente de los castellanos y leoneses, «el conflicto de la minería afecta a un sector muy importante en Castilla y León, especialmente en las cuencas mineras de El Bierzo, en León, y de Palencia». El presidente demandó la aprobación de un Real Decreto que obligue a la compra, la adquisición y el consumo de las centrales térmicas del carbón que se produce en nuestras cuencas». Una norma que sigue pendiente de la autorización de la Comisión Europea, que aboga por frenar las ayudas a esa producción a partir de 2014.

La publicación del texto legislativo, expuso Herrera, «se está retrasando en exceso», lo que intranquiliza a las administraciones compententes en España, pero sobre todo a los afectados, los miles de empleados de la Región que dejarían que contar un trabajo, el que acometían al acudir a unas minas que, según las previsiones de la Unión Europea, cerrarían sus instalaciones en apenas cuatro años.