Salvar a las comunidades que cumplan con la estabilidad por Antonio Beteta

Ante la actual crisis económica, el Gobierno está convencido de que, como ya han hecho muchas empresas y familias españolas, las administraciones no pueden gastar más de lo que ingresan. Por ello, su primera decisión fue aprobar una Ley de Estabilidad Presupuestaria, que desarrolló esta idea, que, además, se recoge en nuestra Constitución. Esa ley también permite la posibilidad de que tanto la comunidades autónomas como las corporaciones locales puedan solicitar al Estado el acceso a medidas extraordinarias de apoyo a la liquidez. A lo largo de este año, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha puesto en marcha diversos mecanismos extraordinarios para otorgar liquidez a las comunidades autónomas, ante la dificultad existente para obtener financiación en los mercados para cubrir sus necesidades de endeudamiento. Unas dificultades que se extienden, con carácter general, a todas las Aadministraciones públicas.

Hasta el momento, y en este ámbito, la financiación de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales se ha visto facilitada por los anticipos de Tesorería de los recursos del Sistema de Financiación y, como mecanismos adicionales de financiación, por la denominada línea ICO-vencimientos, la ampliación del periodo de devolución de las liquidaciones negativas de los ejercicios 2008 y 2009 o el Plan de pago a proveedores. Siempre complementados con la debida exigencia del cumplimiento de condiciones fiscales y financieras. Esas crecientes restricciones de acceso al crédito de los últimos meses están ocasionando que algunas comunidades autónomas sigan sin conseguir una adecuada financiación que les permita atender sus necesidades inmediatas, tanto en cuantía como en precio.

Por ello, ante estos problemas transitorios de liquidez, el Gobierno creó la semana pasada un nuevo mecanismo de liquidez para facilitar a las comunidades autónomas el acceso al crédito, garantizando, al mismo tiempo, que se cumplan los objetivos de consolidación fiscal.
Se trata de un fondo sin personalidad jurídica como mecanismo de apoyo, adscrito al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, cuya gestión financiera corresponde al ICO, y con cargo al cual al Ministerio de Hacienda concertará operaciones de crédito con las comunidades autónomas que voluntariamente soliciten la adhesión al mecanismo y sus solicitudes sean aceptadas por el ministerio. El precio de los préstamos se fijará referenciado al coste del Tesoro más un margen.

La adhesión al mecanismo conlleva la aceptación por las comunidades autónomas de una serie de condiciones financieras y fiscales, que tienen como finalidad garantizar el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. En esas medidas de ajuste se exige a las comunidades autónomas una remisión mensual de su situación de tesorería y de sus operaciones de deuda, que serán supervisadas por el Estado para garantizar su prudencia financiera.

Pero, a diferencia de antes, el Gobierno no dejará a ninguna comunidad autónoma a su suerte. Aunque, eso sí, ha establecido los mecanismos necesarios, que antes no existían, para evitar cualquier riesgo de desvío en ese deber que ahora tienen por ley el Estado y las comunidades con la estabilidad presupuestaria.

Antonio Beteta
Secretario de Estado de Administraciones Públicas