El PSOE usa su mayoría absoluta para impedir que los alcaldes sean diputados

Sevilla- Dentro del plenario, la portavoz del PP, Esperanza Oña, manifestó el también desacuerdo de su Grupo con una modificación que llevarán al Tribunal Constitucional. Resumió el rechazo de los populares en una frase: «No podemos estar de acuerdo en el acoso y derribo del PSOE a los alcaldes del PP que han ganado las elecciones de una forma holgada». A su juicio, los socialistas «usan la ley no para mejorar la sociedad» sino «para adaptarla a sus caprichos electorales», actitud que calificó de «perversión democrática». Oña aconsejó a los socialistas que no se empeñen en el «juego sucio» porque son los andaluces los que votan «y ellos no nos encuentran incompatibles», subrayó.

Tras acusar a los socialistas de haber «colocado» a sus alcaldes que han perdido los comicios electorales en las diputaciones «para que trabajen 40 horas semanales como asesores cobrando 60.000 euros», apeló a «la palabra» del presidente de la Junta, José Antonio Griñán, para pedir un aplazamiento de este debate.
En ese sentido, recordó que el líder del PSOE-A había afirmado que cualquier modificación de la Ley Electoral se haría «por consenso de todos los grupos» y no ha sido así por falta de tiempo.

La respuesta del diputado del PSOE, Miguel Ángel Vázquez, fue contundente de inicio: «Los socialistas sabemos estar donde nos pone la ciudadanía pero no vamos a aceptar que nos pongan una mordaza», arrancó. Durante su turno de palabra defendió que estas iniciativas tienen «el sello socialista y del presidente andaluz», responden «a un clamor social» y «situarán a Andalucía como referencia» de calidad democrática.

Desde esa óptica, preguntó al PP si lo que le molesta es que «gracias a esta reforma» se conozca el sueldo de su presidente en Andalucía, Javier Arenas, tras lo que ironizó sobre si éste era de «cuna». Para Vázquez los cargos de diputado y alcalde «suponen tanta responsabilidad que no se puede desempeñar a media jornada». «Tienen que sudar la camiseta», aseveró para añadir que «cobrar como diputado y ejercer de munícipe» es un fraude político. Echó la vista atrás, asimismo, para recordar que el PP pidió en una Proposición de Ley del año 1995 que «se incluyera ese punto» y Arenas «lleva 15 años reclamando una persona, un cargo».

Máxima que curiosamente dijo Diego Valderas, portavoz de IULV-CA, que es lo que defiende su formación, como recogen sus estatutos. Calificó el texto de reforma del PSOE de «limitado», «insuficiente» o «cortito», entre otros adjetivos, y abogó por «ir a más». «¿Es justo –lanzó– que gente que tiene débitos importantes con la Hacienda Pública pueda presentarse a unas elecciones?». Interrogante plasmado en una de las enmiendas de IU que no se pudo debatir. Valderas explicó la abstención de su Grupo, pese a compartir el espíritu grueso de la reforma, en que «ésta no es nuestra ley» y anunció que trabajarán por un cambio «más profundo». De momento, en virtud de una enmienda transaccional del PSOE a IU, tampoco tendrán escaño los presidentes de mancomunidad.