Medio año después la Junta inicia el trámite de envío de las 480 actas a la juez

Sevilla- Las 480 actas del Consejo de Gobierno de la última década que reclamó la juez que instruye la trama de los ERE, Mercedes Alaya, estarán «de inmediato» en dependencias judiales, según aseguró ayer la consejera de Presidencia, Mar Moreno. De esta forma, se da cumplimiento a la sentencia del Tribunal de Conflictos de Jurisdicción del Tribunal Supremo, que hace justo una semana, el 20 de septiembre, declaró improcedente el requerimiento de inhibición planteado por el Ejecutivo de José Antonio Griñán y concluyó que «las actas de las reuniones del Consejo de Gobierno son públicas y no tienen carácter reservado en cuanto al contenido que le es propio».

El Consejo de Gobierno acordó en este sentido, además de la entrega de dichas actas –se espera que se puedan remitir con carácter inmediato», deslizó la titular de Presidencia– «levantar la reserva sobre aquellas partes que el Tribunal de Conflictos ha considerado impropia y que, por tanto, podríamos no remitir al juzgado, pero el Gobierno entiende que queremos enviar al cien por cien de las actas, que no falte ni una coma de las mismas».

Hay que recordar que la sentencia del Tribunal Supremo dejaba claro que el Gobierno andaluz no podía «negarse a expedir las certtificaciones y testimonios que sean solicitados por los tribunales», pero le otorgaba a la Junta la potestad de no aportar «documentación legalmente declarada o clasificada como de carácter reservado o secreto». En ese caso, la Junta tendría que hacer una «exposición razonada» al juzgado del carácter reservado de dicha documentación. En resumidas cuentas, el contenido propio de las actas y, por tanto público, se limita a «las circunstancias relativas al tiempo y lugar de su celebración, la relación de los asistentes, los acuerdos adoptados y los informes presentados», tal y como señala el artículo 30 de la Ley 6/2006 del Gobierno de la Comunidad Autónoma. La titular de Presidencia matizó que el levantamiento reservado de las actas está «como es natural, dirigido a la investigación judicial», en un guiño preventivo ante posibles filtraciones.

Seis meses han transcurrido desde que el Consejo de Gobierno acordara –el pasado 29 de marzo– remitir un requerimiento de incompetencia a la juez, negándose a entregar las actas y ofreciendo como alternativa una certificación de los acuerdos o informes concretos tratados.

En este tiempo, el vaivén de las actas ha sido constante. A principios de abril fueron depositadas en un armario acorazado en los juzgados de la capital hispalense y en julio la Audiencia provincial de Sevilla –que también avaló el carácter público de las mismas– ordenó que volvieran a la tutela de la Junta.