La recuperación con reformas por JOSÉ BLANCO

El año que comienza –y alguno más en el futuro inmediato–va a tener un claro objetivo: la recuperación con reformas. Es un binomio necesario, ya que no será posible la recuperación sin la adopción de las reformas necesarias para ello. Sin reformas económicas profundas no alcanzaremos una recuperación adecuada o será pasajera con riesgos ciertos de volver a sufrir la crisis.

A lo largo del año que termina, ya hemos afrontado este importante reto con el que se enfrenta nuestro país. Y eso ha permitido que dejáramos atrás la recesión, que se moderara la destrucción de empleo y se iniciara una leve recuperación. La actividad de las empresas y el consumo empiezan a salir de un letargo provocado por la crisis que ha azotado a los países de nuestro entorno económico y que se ha cebado especialmente con España. Confío en que 2011 sea el año en el que recobremos definitivamente el pulso y, sin despejar todas las incertidumbres, podamos encarrilar el adecuado crecimiento.

Pero la reforma que hemos emprendido y que deberán continuar en los próximos años debe tener unas líneas rojas que, por justicia social, nadie debería cruzar: mantener los pilares que sostienen el Estado de bienestar que no son otros que la sanidad y la educación universales y gratuitas, el sistema público de pensiones o la ayuda a las personas en situación de dependencia.

Para ello se requieren reformas inmediatas que asienten estos pilares para las próximas décadas. Y eso sólo lo puede desarrollar un Gobierno que quiera de verdad que la economía se recupere a corto plazo en lugar de, como mantienen otros, apostar por que la crisis continúe como único objetivo para llegar al poder. Mientras el Gobierno de España apuesta por la recuperación y las reformas necesarias para alcanzarla, el PP sólo ve en la prolongación de la crisis la palanca para ganar las elecciones.

El ejemplo más claro es la necesaria reforma del sistema de pensiones. Esta tarea debemos afrontarla no por los actuales pensionistas, que tienen su situación asegurada, ni tampoco por los que está cerca de jubilarse, que también están garantizados, sino por los que hoy están trabajando y esperan cobrar su pensión dentro de veinte o veinticinco años.

Un Gobierno responsable está obligado a hacer esta reforma, con independencia de la crisis. Precisamente la crisis y la presión de los mercados lo que han hecho es dejar más patente que lo que sabíamos que era ineludible, ahora se convierta además en inaplazable. Me gusta poner un ejemplo de mi propia familia que coincide seguramente con el de millones de españoles. Mi abuelo se jubiló a los 65 años y cobró la pensión durante cinco. Mi padre lleva más de veinte años cobrando una pensión mucho más cuantiosa, aunque aún modesta. Mi padre tuvo ocho hermanos y yo soy hijo único.

Esto demuestra la realidad de la evolución demográfica de España: cada vez vivimos más tiempo y cada vez tenemos menos hijos. El sistema público de pensiones está basado en que los que ahora trabajan financian a los ya jubilados. Por eso, si por la baja natalidad desciende el número de activos y la cantidad de no activos aumenta por la mayor longevidad, algo hay que hacer. Y alguien tiene que ocuparse de reformar el sistema para hacerlo viable a largo plazo o, de lo contrario, el sistema está a la larga condenado a quebrar. Por eso hay que reformar el sistema si queremos salvarlo e impedir que, sobre sus ruinas, algunos monten un negocio multimillonario de pensiones privadas para quienes puedan comprarlas.

Confío en que todo esto pueda hacerse mediante un amplio acuerdo. Pero, de no ser así, el Gobierno no puede cometer la irresponsabilidad de no hacer frente a sus obligaciones en defensa del sistema público de pensiones. Con este ejemplo quiero dejar claro que el Gobierno actuará donde y cuando sea necesario para asegurar la recuperación económica sin poner en riesgo el Estado de bienestar del que disfruta nuestro país. O dicho de otra manera: precisamente para defender el Estado de bienestar, el Gobierno ya ha emprendido y seguirá la senda de las reformas que garanticen también la recuperación económica.