Cárcel contra la corrupción

La opinión pública ha acogido con satisfacción la condena a seis años de cárcel de Jaume Matas, ex presidente de Baleares, que puede convertirse en el primer mandatario autonómico en ingresar en prisión, aunque no en ser condenado. La Sala de la Audiencia Provincial balear le ha encontrado culpable de al menos cuatro delitos en uno de los sumarios abiertos en el llamado «caso Palma Arena», pero el horizonte penal de Matas no ha terminado: aún quedan causas abiertas que reflejan en su conjunto lo que fue durante años el gobierno de las islas a manos de un grupo de políticos para quienes el poder autonómico les permitía prácticamente todo. La sentencia no deja de ser un grano de arena en el problema de la corrupción política que perciben los ciudadanos, pero posee una capacidad ejemplarizante al mostrar que es posible que un político que abusa de su poder y se enriquece personalmente o beneficia a sus amigos con dinero público puede acabar en la cárcel. El ejemplo de la condena de Matas llega en un momento en el que la opinión pública afronta con desconcierto asuntos tan bochornosos como el «caso Campeón» y la impresentable reunión de un ministro, el socialista José Blanco, hoy en la oposición, con un empresario en una gasolinera. Y, sobre todo, el creciente escándalo de los ERE, en el que cada día se conocen nuevos capítulos dignos de una película sobre mafiosos. La investigación judicial en Andalucía no ha terminado, pero la impunidad con la que los políticos de turno manejaban la Junta, arbitraban a su antojo medidas para que 700 millones de euros de dinero público pudieran escapar al control administrativo y ser empleados al margen de los presupuestos en ayudas a socialistas, amigos y familiares, falsos ERE, costosas comidas y hasta juergas con prostitutas, alcohol y cocaína, explica con claridad que la corrupción se perciba hoy en la opinión pública como uno de los grandes problemas de la clase política. Sería injusto que estos comportamientos que hoy se enfrentan a los tribunales salpicasen a todos los políticos. En su inmensa mayoría se trata de personas de honradez sin tacha, con vocación de servicio público y que trabajan con limpieza en la gestión de los recursos y la resolución de los problemas que afectan a los ciudadanos. Pero la acumulación y la espectacularidad de casos que demuestran lo contrario, y que se confunden de forma injusta con casos de ineptitud en la gestión, obliga a extremar las medidas de prevención. Si la clase política quiere desprenderse del sambenito de la corrupción que la mancha y la acompaña, debe extremar la vigilancia sobre quienes manejan fondos públicos y actuar con celeridad ante quienes se aprovechen de su cargo. La gran reforma que ha emprendido el PP de Rajoy estaría incompleta si no acierta a resolver un asunto de tan hondo calado.