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Funcionarios en las direcciones generales: el ardid electoral del PSOE

Un centenar de coches irrumpió ayer en las calles de la capital cordobesa en símbolo de protesta
Un centenar de coches irrumpió ayer en las calles de la capital cordobesa en símbolo de protestalarazon

SEVILLa- El PSOE.-A ha dado esta semana un paso hacia la profesionalización real de las direcciones generales de la Administración autonómica, al anunciar una iniciativa parlamentaria para establecer una «reserva» de estos puestos para los funcionarios de carrera procedentes no sólo de la Junta. Una iniciativa que colea desde 2009 cuando el presidente andaluz, José Antonio Griñán, la apuntó ya en su discurso de investidura y que reactivó en el pasado Debate sobre el Estado de la Comunidad, en concreto, aludiendo a direcciones generales que posean un «marcado componente administrativo y de personal».

Según explicó el portavoz parlamentario del Grupo Socialista, Mario Jiménez, el texto de la enmienda recogerá también que en futuros decretos del Consejo de Gobierno, que se aprueben para armar la estructura de las distintas consejerías, se podrán guardar puestos para funcionarios de aquellas direcciones generales que se estime oportuno.
Ante la nueva situación, el presidente del Sindicato Andaluz de Funcionarios de la Junta (Safja), Alfredo Pérez, confía en que no se trate sólo de un movimiento estratégico de acercamiento a un colectivo, los funcionarios, que han demostrado en la calle y en los tribunales su oposición a decisiones del Ejecutivo andaluz como la reordenación del sector público, de cara a las elecciones autonómicas de marzo. «Esperamos que no se trate de una mera promesa electoral», plantea, «sino que se ponga en marcha lo más rápido posible, que se cumpla».

«Hay funcionarios de carrera –defiende– que están lo suficientemente cualificados, y han pasado pruebas de mérito, para gestionar lo que aprueba el Gobierno regional y el Parlamento autonómico». Insiste: «Es una decisión que nos congratula como sindicato, pero puede parecer que, en este momento, esconda la intención de tener un acercamiento».

En relación a este asunto, el vicesecretario de Política Económica del PP-A, Rafael Carmona, dio un paso más y garantizó ayer que con el «Gobierno del cambio» que, según el popular, se implantará en la región en los comicios regionales, «todos los directores generales de la Junta de Andalucía, así como el interventor general, serán funcionarios». A lo que desde la Consejería de Hacienda replicaron que «un alto porcentaje» de los directores generales en los servicios centrales del Ejecutivo andaluz, el interventor y los secretarios generales técnicos de las consejerías ya son funcionarios.
Aún así, el PSOE ha diseñado la mencionada propuesta parlamentaria que, para Carmona, llega tarde. «En 30 años de gobierno en Andalucía, no han tenido ningún reparo en nombrar directores generales, interventores y secretarios generales técnicos sin el perfil adecuado para esos puestos», acusó. Además, el popular se refirió también a la proximidad de la cita electoral para poner de manifiesto otra arista: «Faltando tres meses escasos para las elecciones autonómicas, la tramitación de esta modificación le tocaría al nuevo Gobierno», que saliera de las urnas.

Al margen del debate sobre las las direcciones generales, el presidente del Safja quiso dejar claro que «no es ésta la principal reivindicación» del sindicato ni del colectivo que representa. Persiguen, sobre todo, «dejar sin efecto la Ley de Reordenación del Sector Público andaluz» y lo seguirán intentando con todas las armas a su alcance, incluidos los juzgados, «que ya nos han dado la razón en numerosas ocasiones», apunta.

 Entre su siembra de argumentos para continuar esa batalla destaca uno: «Con la reordenación impulsada por la Junta se produce un cambio del sistema de acceso a la función pública que existe en España, que se ha quebrado», sostiene. Critica que se haya integrado «directamente» a personal externo en las agencias, «sin pasar ninguna prueba ni proceso selectivo alguno y vulnerando los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad». No en vano, esos trabajadores pueden, en su opinión, «estar influenciados por quienes los han contratado ‘a dedo'» mientras «al funcionario se le exige imparcialidad y objetividad en la resolución de servicios públicos». No van a permitir que «la Junta pase por encima de la ley», avisa.

 

Caravana de vehículos contra el «enchufismo»
Cerca de un centenar de turismos, motos y bicicletas, según los organizadores, circularon ayer en caravana por las calles de Córdoba, impulsada por la Plataforma de Empleados Públicos de la Junta de Andalucía para explicar a los ciudadanos su oposición al «enchufismo» en la Administración y a la reordenación de la función pública en Andalucía.

El portavoz de la plataforma, José Manuel Herrera, aseguró que la convocatoria había sido un «éxito rotundo», pues «cumplió» con el objetivo que se habían planteado de llamar la atención a los ciudadanos sobre esta cuestión. «La gente se ha acercado a nosotros por las principales arterias de la ciudad y nos ha dado ánimos», dijo.