Vía libre para Telefónica en Vivo

Telefónica ha peleado durante las últimas semanas por hacerse con el control del operador móvil brasileño Vivo, que se reparte a partes iguales con PT a través de la sociedad holandesa Brasilcel. Tras presentar tres ofertas, la última de 7.150 millones fue respaldada por el 73,9% de los accionistas de PT, y estará en vigor hasta el 16 de julio. No obstante, el Gobierno portugués bloqueó la compra a través de los privilegios que mantiene con las reducidas acciones que posee, la llamada acción de oro, el pasado día 30 de junio.La sentencia llega justo a tiempo, ya que no fue traída ante la corte por el caso de Vivo, sino por la batalla legal de la CE contra la «acción de oro» portuguesa en PT. El presidente del Ejecutivo comunitario, el portugués José Manuel Durao Barroso, se felicitó del fallo, ya que recordó que siempre defendió que la «acción de oro» viola las normas del mercado interior impidiendo la libertad de circulación de capitales. «Ahora veremos cómo aplicar esta sentencia del Tribunal de Justicia», concluyó Barroso.Fuentes del Gobierno luso prometieron que acatarán la sentencia, pero haciendo su propia lectura, informa Reuters. Según indicó un portavoz, «el Tribunal reconoce que existen razones que justifican estos derechos especiales en las empresas, y la política del Gobierno portugués será la de seguir este tema en línea con la decisión del Tribunal». Sin embargo, la sentencia recoge que la invocación de este privilegio sólo está permitido en casos como que esté en juego la seguridad pública, y «no cabe admitir tal justificación» en el caso de PT, ya que no existe «una amenaza real y suficientemente grave que afecte a un interés fundamental de la sociedad». El presidente de PT, Zeinal Bava, dijo ayer que ahora «debemos ser pragmáticos y encontrar la mejor solución para todas las partes».Multa si se mantiene la «golden share»La Comisión Europea enviará en los próximos días una carta a Portugal preguntando sobre qué medidas piensa tomar para aplicar la sentencia, según explican fuentes comunitarias, como puro trámite administrativo. En el caso de que no queden satisfechos con los pasos que tomen los lusos, Bruselas pasará al procedimiento de infracción enviando una petición formal para la correcta aplicación de la normativa comunitaria, según marca el fallo de Luxemburgo. Si Portugal continúa violando la legislación europea, se llevaría de nuevo al Estado miembro ante el Tribunal para que impusiera una multa. Las mismas fuentes aclaran no obstante que la apertura de este procedimiento de infracción con el envío de la petición formal se puede retrasar varios meses, ya que la primera reunión para tratar estos casos no se reúne hasta septiembre. Sugieren, sin embargo, que la pelota está en manos de España, en caso de que quiera llevar el caso ante la justicia nacional una vez conocida la sentencia.