España

Sindicatos y Gobierno a cara de perro

El Senado debate las enmiendas a la reforma laboral; la más polémica, la del PSOE, que propone penalizar a los parados que no acudan a los cursos de formación. Toxo acusa al Ejecutivo de «buscar fórmulas para maquillar los datos del paro». El Gobierno confía en obtener al menos el apoyo de PNV y CIU para sacar adelante su propuesta.

Carmela Silva, portavoz del PSOE en el Senado
Carmela Silva, portavoz del PSOE en el Senadolarazon

Los sindicatos no dan su brazo a torcer y ayer seguían lanzando acusaciones contra el Gobierno por su propuesta, recogida en una enmienda, de reducir de 100 a 30 días el «periodo de gracia» dado a los parados para aceptar cursos de formación y seguir cobrando la prestación por desempleo. De este modo, el Gobierno pretende que si un desempleado rechaza un curso de formación –que no un empleo, como aclaran desde el Ministerio de Trabajo– en un plazo de 30 días, deje de percibir de forma automática la prestación por desempleo. Las Comunidades Autónomas son las encargadas de informar al Ministerio de Trabajo de las personas que no realizan los cursos, pero es el Ministerio el responsable de ejecutar la sanción.

Con sus arengas contra el Gobierno, los sindicatos buscan calentar el ambiente hasta el día de la huelga general del 29 de septiembre. Ayer le tocó el turno de las acusaciones al secretario general de CC OO, Ignacio Fernández Toxo, quien en declaraciones a la Cadena Ser, afirmó que con estas medidas «se intuye que el Gobierno buscar fórmulas para maquillar los datos del paro». Toxo calificó al ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, como «un gran propagandista de la huelga general» y el «mayor activo» de los sindicatos, porque «cada vez que habla crece el rechazo a las medidas del Gobierno».

El secretario de Acción Sindical de CC OO, Ramón Górriz, señaló ayer al respecto que «todas las huelgas generales en este país las hemos ganado los sindicatos. Siempre hemos conseguido que aumentara el gasto social y se redujeran las agresiones a los trabajadores y aquí va a ocurrir lo mismo».

Y mientras, la reforma laboral seguía ayer debatiéndose en el Senado, debate que continuará hoy. El PSOE presentó su enmienda en la que propone reducir este «periodo de gracia» dado a los parados para aceptar los cursos de formación a un mes. La senadora socialista, Carmela Silva, explicó que el texto de la enmienda transaccional está abierto a las aportaciones que puedan hacer el resto de grupos. Silva confió en obtener al menos el apoyo de PNV y CiU, puesto que –dijo– el portavoz de esta última formación en el Congreso, Josep Antoni Duran i Lleida, se ha manifestado en alguna ocasión a favor de esta limitación, informa Efe.

Frente al rechazo que esta enmienda ha provocado en el ámbito sindical, la senadora socialista dijo que el PSOE «no va a admitir» que le acusen de criminalizar al desempleado, cuando de lo que se trata es de hacer más eficaz la reinserción en el mercado laboral. En cualquier caso, aseguró que aunque no haya acuerdo con el resto de grupos, el PSOE mantendrá esta enmienda para que sea votada hoy en la Comisión de Trabajo de la Cámara Alta, en la que además se debatirán las propuestas de veto de ERC e ICV y las 289 enmiendas presentadas al proyecto de ley. El texto deberá ser refrendado por el Congreso el 9 de septiembre y después entrará en vigor.


Apoyos
Pero PNV y CIU podrían no ser los únicos candidatos a apoyar la enmienda socialista. Ayer la senadora del PP Araceli Peris aseguró que su partido está dispuesto a negociar con el Gobierno la eventual rebaja de 100 a 30 días del «periodo de gracia» con el que cuentan los parados para rechazar los cursos de formación, siempre que se les escuche y se aborde una verdadera y efectiva mejora de los Servicios Públicos de Empleo (SPEE).

En declaraciones a los medios en la Cámara Alta, Peris consideró que lo que hay que hacer en España es motivar a los trabajadores para que busquen empleo y para que se formen, algo que se puede conseguir ofreciendo buenos cursos de formación e invirtiendo en políticas activas de empleo, según Ep.

En este sentido, la senadora popular recordó que el Estado cuenta con los Presupuestos Generales del Estado (PGE) como mejor instrumento para otorgar más fondos a las comunidades autónomas para este fin. «Si se mejoran las condiciones, claro que estamos dispuestos a negociar con el Gobierno, pero sólo sancionar a los trabajadores no es el camino», añadió.

De las 289 enmiendas presentadas al proyecto de ley de la reforma laboral, diez son del PSOE, 70 del PP; 46 de CiU; 40 de los senadores nacionalistas; 40 del grupo mixto y 83 de Entesa Catalana del Progrès. Hoy a las doce en la Comisión de Trabajo en el Senado se votará cada una de ellas.


Las enmiendas de los grupos a la reforma laboral
PSOE
Propone penalizar a aquellos parados que perciben una prestación y no acudan a los cursos de formación. Los socialistas quieren reducir el periodo que tienen los desempleados para rechazar cursos de formación, itinerarios y ofertas antes de retirarles el subsidio. En principio, apostaron por castigar desde el primer día, aunque finalmente quieren dar un plazo de 30 días, durante los que se podrán no aceptar propuestas sin riesgo de perder la prestación. Los socialistas proponen también que el pago de parte del sueldo en especie no suponga merma del salario mínimo interprofesional (633 euros).
PP
Defiende en sus enmiendas mejorar la flexibilidad interna de las empresas, eliminar la discriminación entre los desempleados autónomos y los trabajadores por cuenta ajena, ampliar el contrato de fomento del empleo o impulsar la contratación estable.
PNV
El partido nacionalista ha introducido una enmienda con la que pretende evitar fraudes en los contratos en prácticas, de manera que se conviertan en fijos si se demuestra un abuso del mismo. También ha registrado dos enmiendas con el objetivo de que el despido «sea la última opción» y en las que defienden que se utilicen mecanismos como la reducción de las horas extraordinarias, hacer coincidir los periodos de inactividad con las vacaciones o reducir la externalización de los servicios de las empresas.
CiU
Recoge que las empresas y sus trabajadores podrán definir mejor en el convenio colectivo sus propias causas de despido.