Derecho a trabajar

Los trabajadores tienen hoy el derecho a secundar la jornada de huelga general convocada por los sindicatos mayoritarios. Pero, y con igual o mayor fuerza, les asiste el derecho fundamental a trabajar, a no secundar la llamada de los sindicatos y a acudir en cambio a su puesto de trabajo sin sufrir por ello presiones o ver coartada en modo alguno su decisión. Porque de lo que se trata es de respetar la libertad de elección de los ciudadanos, de proteger un derecho individual frente a una coacción colectiva. El derecho a trabajar está, de entrada, vedado a más de cinco millones de desempleados, que no tendrán hoy posibilidad de elección. Simplemente, no pueden hacer huelga porque han perdido su medio de vida y no tienen un lugar al que acudir sin que los sindicatos que hoy llaman al paro levantasen un solo dedo para defender los puestos de trabajo perdidos por la pésima gestión de la crisis que hizo el Gobierno socialista. El derecho a trabajar nunca puede depender de la opinión de uno u otro sindicato, sobre todo ante una huelga evidentemente política, como ayer mismo pusieron otra vez de manifiesto IU y el PSOE en el Congreso de los Diputados. Por eso otros sindicatos, mayoritarios en la Administración, entre el profesorado o el mundo sanitario rechazaron con firmeza una convocatoria que consideran inoportuna y contraproducente. El derecho a trabajar sufre también la coacción de los llamados servicios mínimos en cuestiones esenciales como el transporte público. Las reducciones impuestas previamente con los servicios mínimos, eufemismo que en lugar de garantizar el mínimo exigible se convierte en máximo posible, coarta gravemente la libertad de elección de cada ciudadano a la de hora de poder trasladarse a su puesto de trabajo y hacerlo con las garantías suficientes para cumplir con su jornada laboral. Su derecho a la movilidad queda cercenado en la práctica, sobre todo por la acción de los «piquetes informativos». La ausencia de una ley de huelga acorde con nuestro sistema democrático de garantías ha hecho posible el florecimiento de este sistema de intimidación, frente al que sólo cabe la actuación eficaz de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. En democracia, no puede existir razón alguna para que un grupo, por más motivadas que puedan estar sus reivindicaciones, se imponga por la fuerza al conjunto de la sociedad. Es de esperar que hoy el Gobierno será capaz de afrontar el reto de defender los derechos de los ciudadanos, y que sus policías y guardias civiles no tengan duda alguna en la defensa de la legalidad y el ordenamiento constitucional. El mismo que garantiza el derecho a secundar la huelga, pero también el de rechazar la convocatoria y ejercer la libertad que asiste a quien quiera ir a trabajar.