Pedraz replica que la Guardia Civil pidió el registro 10 horas después de las detenciones

MADRID- El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz negó ayer rotundamente que tardara trece horas en acordar la entrada y registro en los domicilios de cuatro detenidos por intentar quemar un repetidor en Bilbao la madrugada del pasado 30 de septiembre, cuando estaba de guardia. El magistrado afirma que el atestado y la solicitud de entrada y registro remitidos por la Comandancia de la Guardia Civil de Vizcaya se recibieron en la Audiencia Nacional a las diez y cuarto de la mañana de ese mismo día y, una vez analizada la petición y tras recabar el informe favorable de la Fiscalía, acordó la medida a las 12:40. «Es falso que estuviera ilocalizable trece horas. No estuve ilocalizable ni un minuto. Desde que nos enteramos de la petición, en poco más de dos horas quedó todo hecho a pesar de la situación del juzgado (en plena mudanza)», sostiene Pedraz, quien recalca que se actuó «lo más rápidamente posible».

La Guardia Civil mantiene que a medianoche se avisó al juez de la operación, de la detención de Liher Bilbao, Iker Hernández, Eneko Eguren e Ibon Santamaría y que en ese mismo momento se cursó la petición de entrada y registro. Pero, según el magistrado, no se trasladó al juzgado hasta diez horas después. Pedraz recalca que en esa primera llamada, que sitúa a las 00:30 horas, fue la UJAM (la unidad de Policía Judicial adscrita a la Audiencia Nacional) la que avisó a la secretaria judicial de la detención de cuatro personas por un presunto sabotaje. «No se pide nada y la secretaria judicial, lógicamente, no me da cuenta, pues no hay ninguna petición que resolver».

El juez insiste en que no fue hasta las 5:30 de la madrugada cuando, en una segunda llamada, también a la secretaria judicial, la UJAM avisa al juzgado de que se van a cursar peticiones de entrada y registro, lo que se pone en conocimiento de Pedraz inmediatamente. El juez da orden entonces a los funcionarios del juzgado de que se trasladen a la Audiencia a la espera de recibir el fax con la petición.

Sin embargo, casi cinco horas después, a las diez de la mañana, ese fax no ha llegado al juzgado, por lo que la secretaria judicial llama a la UJAM. Quince minutos después, una funcionaria de esa unidad trae la petición en mano. Tras estudiar la solicitud y dar traslado a la fiscal de guardia, Carmen Monfort, Pedraz acuerda la medida con el visto bueno del Ministerio Público, librando exhorto al juzgado de guardia de Bilbao para que practique los registros en las próximas 24 horas, aunque hace hincapié en que su juzgado «no puede controlar cuándo efectivamente se van a hacer».

«Entretanto, había recibido una llamada del jefe de la unidad de la Guardia Civil actuante dándome cuenta de los hechos», recuerda. «Si tenía prisa por practicar los registros podía haberme localizado antes llamándome al móvil», dice.
La Guardia Civil también pidió que se prolongara la incomunicación de los detenidos, a lo que Pedraz se negó porque «no se alega razón alguna para ratificarla, simplemente la pide sin más, siendo necesario argumentar el porqué».

«En cuanto a que haya podido desaparecer documentación por la «tardanza» –concluye– «ni aun la Guardia Civil lo ha apuntado». Por último, justifica la puesta en libertad bajo fianza de los detenidos porque así se lo pidió el fiscal y recuerda que el juez no puede «acordar medida más gravosa que la que pide el fiscal».