Aborto y Justicia de laboratorio

Hace una semana, en estas páginas, hice un comentario de urgencia a la noticia del día: el Tribunal Constitucional rechazaba paralizar la entrada en vigor de la Ley del Aborto. Esta semana ya he podido leer tanto el parecer mayoritario como la opinión de los discrepantes y me viene a la cabeza un trabajo que hace cuatro años publiqué en la revista «Persona y Derecho», de la Universidad de Navarra. Me lo pidió su director, Andrés Ollero, con motivo del veinticinco aniversario del Tribunal Constitucional. El tema fue, precisamente, la doctrina de este Tribunal sobre el derecho a la vida.Tras analizar sus pronunciamientos, afirmaba que el buen jurista se advierte no sólo por la calidad jurídica de sus razonamientos, sino por su capacidad para calibrar el alcance de sus decisiones. Afirmaba que si se trata de un juez, es imprescindible que cuente con esa cualidad, pues si parte de su cometido es hacer realidad la Ley en cada caso, debe ser consciente de que también está construyendo y ordenando la convivencia. Y concluía que ésa es una cualidad que no siempre ha adornado a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. El riesgo de perder esa perspectiva es olvidar que sus resoluciones inciden en la realidad cotidiana; su cometido no es generar elaborados productos de laboratorio.Desgraciadamente, el Tribunal Constitucional ha dictado relevantes sentencias de laboratorio. Quizás la más afamada fue la de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Sostuvo que un Consejo General elegido no por los jueces sino por los partidos políticos sería constitucional si el Consejo resultante no acababa siendo un calco de la división de fuerzas en el Parlamento. Era una sentencia interpretativa y de laboratorio en la que el Tribunal no supo o no quiso saber que estaba en la inopia: cuando se dictó hacía pocos meses que se había constituido el nuevo Consejo que reproducía la composición parlamentaria.El penúltimo caso ha sido, como se sabe, la sentencia sobre el Estatuto de Autonomía. Cuesta trabajo pensar que haya dictado una sentencia ideal para incumplirla y tergiversarla. Cuando los magistrados que quedaron en minoría afirman, con contundencia y claridad, que sentencia mayoritaria supone inventarse otra Constitución –repito, ¡eso lo dicen miembros del propio Tribunal!– ya no cabe pensar que otros están en la inopia o en esa bella comarca leonesa que es Babia, sino en un consciente desentenderse de ejercer como tribunal de Justicia. Lo mismo ocurrió con la sentencia sobre la primera ley del aborto: de nuevo cuesta trabajo pensar que los autores de aquella elaborada literatura jurídica de laboratorio ignorasen que detrás estaba en juego la vida de miles de seres humanos.Ahora la historia se repite. El Tribunal rechaza suspender la nueva ley del aborto y los magistrados discrepantes dicen que de no hacerlo se destruirán vidas humanas, lo que ya no tiene vuelta de hoja: es irreversible. Pero el parecer mayoritario ignora eso, es más: es que ni se lo plantea. El Tribunal se deja llevar por una cómoda miopía: como la Ley no permite suspender la aplicación de una ley recurrida, pues no se suspende. Ahí se queda. Parece ignorar que también debe garantizar la tutela judicial efectiva y una de las manifestaciones de esa tutela es que una medida cautelar siempre procede cuando, de no adoptarse, sería inútil una posible sentencia favorable. Que está sujeto a la Constitución se lo recordó la Audiencia Nacional cuando le vino a decir en una sentencia que sus retrasos lesionaban el derecho constitucional a un proceso sin dilaciones o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que le puso en evidencia por infringir otros derechos y garantías constitucionales. Luego el Tribunal Constitucional también está sujeto a la Constitución. La Ley de Aborto es una ley injusta; es una ley con la que el Estado pierde su legitimidad material –buscar el bien común–; es una ley que repugna a la conciencia –tema sobre el que habrá que volver una y mil veces más–, que legitima posturas objetoras y que lleva nuestra cultura jurídica a las cavernas. Al día siguiente de denegar el Tribunal la paralización de esa ley se supo de la primera chica que abortaba a su amparo. Ignoro qué se pensó de esa noticia en el Tribunal Constitucional; sólo sé que un Tribunal con un prestigio más que deteriorado ha perdido otra oportunidad de hacer justicia real. Dentro de lo malo, eso tiene remedio, pero no las vidas que se van a destruir. Aunque en su laboratorio de ficciones jurídicas todo salga bien.