Del mando de Madrid al de Bruselas por J R Pin Arboledas

Si comparamos los años setenta del siglo pasado con los de la segunda decena de éste, encontraremos en ambos dos crisis de origen internacional y repercusiones nacionales específicas. En 1973 estalló la primera crisis del petróleo. El bloqueo de las exportaciones de la OPEP a los países desarrollados redujo la actividad económica internacional y desató un proceso de inflación de costes. España no estaba en la UE, su economía se abría progresivamente al exterior, pero aún era bastante autárquica. El Banco de España manejaba la política monetaria y el tipo de interés. España devaluó la peseta, fijándola en el valor real del mercado financiero, para mejorar la competitividad de la economía. En 2007, se inicia en Estados Unidos la crisis de las hipotecas subprime que luego derivó en el estallido de la burbuja inmobiliaria española y la crisis productiva, bancaria y fiscal actual. España está en el euro. Por tanto, el BCE es responsable de la política monetaria. España ni puede manejar los tipos de interés básicos para animar la economía ni devaluar su moneda.

En los años setenta del siglo XX, la inflación llegó a estar en algunos momentos por encima del 25% (1976). Por eso, el Banco de España no podía bajar el tipo de interés para animar la economía; así se evitó la hiperinflación. Era un típico caso de estanflación, parón económico con alta inflación. Los tipos de interés altos encarecían el crédito bancario, que ahogaba a las empresas. La situación actual se caracteriza por baja inflación (entre el 2 y el 3%). Eso hace que el BCE pueda mantener tipos de interés bajos. Sin embargo, la burbuja inmobiliaria llenó de activos tóxicos los balances de los bancos que por falta de liquidez no dan créditos. España empezó la década de los setenta con 40 millones de habitantes. En los momentos más graves de la crisis (1976) la población activa bajó al 36% y el desempleo creció hasta el 5,5%, 729.000 personas. Trabajaban casi 13 millones. Luego el paro aumento hasta más del 20% en 1985; más tarde descendió, con un repunte en 1992-94, llegando a 8% en 2006, casi pleno empleo para una economía como la española. Ahora somos 46 millones (con un 11% de inmigrantes); la población activa es del 23 millones y el paro del 25%. Trabajan 17 millones y vamos camino de seis millones de desempleados. Otra diferencia es el poder del Gobierno de la Nación. En 1977, España era un Estado centralizado. En 2012, la UE y el Eurogrupo dirigen la política monetaria y económica y las comunidades autónomas manejan gran parte del gasto público. El déficit público entre 1976 y 1980 fue bajo y el endeudamiento también. El Gobierno podía pedir dinero prestado a bajos tipos de interés y aumentar los gastos públicos. Así ocurrió en 1977. Ahora, en el mejor de los casos el déficit será del 6/7% para 2012 y la deuda se acerca al 80% del PIB. El Gobierno tiene dificultades para financiarse y paga un interés alto agravando el déficit público del futuro. Por eso tiene que reducir gastos públicos. En 1977, el clima político propició la firma de los Pactos de la Moncloa que pusieron las bases de normalización económica, paralela a la normalización política, aunque la UCD, el partido en el Gobierno, no tenía mayoría parlamentaria.

Ahora, el Gobierno tiene dos frentes y necesita: capacidad de negociación en Europa y su habilidad en España. La primera, para poder obtener fondos de la UE y bajar la prima de riesgo para financiarse. La segunda, para hacer entrar en razón a las autonomías, con diálogo y el uso de sus atribuciones que le da la ley. Las preocupaciones de los españoles en ambos casos son similares: el desempleo y la falta de crédito para crear puestos de trabajo. Sin embargo, las situaciones son diferentes. La pregunta sería: ¿Podrían partidos políticos, sindicatos y CC AA crear un clima que desembocase en unos Pactos de la Moncloa bis? Claro está que deberían ser adecuados a las actuales circunstancias y teniendo en cuenta las instituciones europeas.