El día que estalló el pacto de Santillana

Cuatro años de deliberaciones e intentos fallidos..., y al fin, lo previsto: una sentencia política e interpretativa. El Gobierno habla de «plena constitucionalidad»; el PP, de 50 artículos cuestionados y los partidos catalanes, de «gravísima situación». Acertaron quienes dijeron que el Estatut sería la enésima patada al balón autonómico, que sería una permanente fuente de conflictos. Pero si algo parece obvio es que el PP acertó cuando presentó el recurso hace cuatro años. !Se dice pronto!: cuatro años. Pero la historia de este texto jurídico con pretensiones de Constitución arrancó mucho antes. En España gobernaba Aznar y en Cataluña se celebraba la primera campaña electoral de la era post-Pujol. Maragall se atrevió entonces a plantear lo que CiU nunca llegó a plantear: una revisión maximalista del Estatut de Sau aprobado en 1979. Hay quien dice que fue una bravata contra la política autonómica de Aznar que debió olvidarse cuando, un año después, Zapatero llegó a La Moncloa. No fue así. Maragall propuso y Zapatero dispuso en el acto central de aquella campaña «apoyar la reforma que saliese del Parlament». De haber sabido las consecuencias de aquél compromiso, jamás lo hubiera adquirido ó sí porque, recuerden, que el Estatut fue una de las dos obras predilectas de su primera Legislatura. La otra, la negociación con ETA. La proclama en todo caso despertó ampollas hasta en las filas socialistas, donde un año antes (agosto de 2002) los barones suscribieron el llamado acuerdo de Santillana que dejaba claros los límites infranqueables del modelo autonómico. Las líneas rojas fueron traspasadas con creces con el texto que en 2004 empezó a redactar el Parlament. En marzo, Zapatero ganó las elecciones e hizo de la «España plural» una de sus principales bazas políticas. El 30 de septiembre, el Parlament aprobó el texto que remitiría a Madrid con los votos del tripartito y de CiU. Ahí empezaría el fin de la idílica relación Zapatero-Maragall. Desencuentros, disputas y una retahíla de debates sobre la constitucionalidad de un texto que Zapatero tendría que admitir que era necesario rebajar para lograr el aval de las Cortes. Antes de romper definitivamente con Maragall, Zapatero tuvo que reunir en La Moncloa a sus barones para calmar las aguas de una revuelta anti PSC. Aquella cita acabó con un Ibarra, infartado y dispuesto a la retirada. Zapatero se reunió a espaldas del tripartito con Artur Mas en La Moncloa y pactó allí la redacción de los artículos más discutidos, además de adquirir con el convergente el compromiso de que Maragall no repetiría como candidato, habría adelanto electoral y el PSC no volvería a reeditar el nefasto tripartito. Nada de eso pudo cumplir porque Montilla se rebeló y gobernó pese a no haber ganado. Antes de eso, José Bono abandonaba el Consejo de Minsitros para no aceptar el trágala de Cataluña.