Mellet denuncia a los empresarios que destaparon el «caso Mercasevilla»

Sevilla-Atacar para que no te ataquen es una de las tácticas más antiguas que se recuerdan. El ex director gerente de Mercasevilla Fernando Mellet ha denunciado por supuestos delitos contra la intimidad y la propia imagen a los dos empresarios que grabaron la conversación en la que presuntamente el ex dirigente de la empresa de capital mixto y el que fuera su adjunto Daniel Ponce les pedían 450.000 euros –más otro tanto en infraestructuras– por la adjudicación de la gestión de la escuela de hostelería del mercado central.

Para Mellet, la grabación «se realizó de forma subrepticia, sin autorización judicial alguna, sin consentimiento de los participantes, que desconocían la utilización del artefacto de grabación, y mediante un ardid que disfrazaba las verdaderas intenciones» de los empresarios del Grupo La Raza.

José Manuel Carrión, el letrado de Mellet, informó de que el pasado viernes presentó la querella, de 53 folios. Según Carrión, los dos empresarios de La Raza, José Ignacio de Rojas y Pedro Sánchez Cuerda, habrían incurrido en un delito contra la intimidad y de revelación de secretos, «tanto en el momento anterior como en el momento posterior de la grabación, es decir, en su utilización para terceros en este caso para presentarla en el juzgado sin consentimiento del otro interlocutor de la grabación, y en su posterior difusión con finalidades políticas».

La grabación del «caso Mercasevilla» dio origen a la investigación que ha desenmascarado toda una amalgama de presuntos fraudes, entre ellos, el de los expedientes de regulación de empleo (ERE), con gasto en drogas y fiestas incluidos, según uno de los declarantes, por parte de uno de los altos cargos imputados.

En concreto, sólo por la causa por cohecho originada con las cintas, la juez Mercedes Alaya mantiene imputados, aparte de los citados Mellet y Ponce, al ex delegado provincial de la Consejería de Empleo Antonio Rivas y María Regla Pereira, coordinadora de proyectos de la ya extinta Fundación Socioasistencial de Mercasevilla, para los que la Fiscalía solicita una sanción de 900.000 euros y la suspensión de empleo o cargo público durante 21 meses.

Los empresarios «se apoderan de la conversación y de un contenido que se ha utilizado en perjuicio de Fernando Mellet, datos que difundieron a terceros y que otros, igualmente, difundieron a la opinión pública», indicó Carrión.

«La forma de proceder» de los ahora demandados «revela el conocimiento de la antijuricidad de su conducta y la concurrencia del dolo en su proceder», añadió. La intromisión en la intimidad se produjo porque la grabación se hizo en su despacho profesional, y el lugar donde Mellet celebraba sus reuniones «pertenece a su esfera íntima», indicó.

Además, «la utilización de un dispositivo oculto de captación de la voz se basa en un ardid» con la finalidad de «grabar su actuación desinhibida, provocar sus comentarios» y registrar declaraciones «que no se hubieran logrado si se hubiera presentado con su verdadera identidad y con sus auténticas intenciones», aseguró.

La defensa de Fernando Mellet ya intentó anular la grabación por constituir, a su entender, un «delito provocado».

El pasado mes de enero, el magistrado que presidirá el jurado lo rechazó.

Suspendido el juicio contra el INEM de los prejubilados por motivos de forma
El juzgado de lo Social 7 no ha celebrado, finalmente, el juicio previsto ayer por otra de las demandas formuladas por los prejubilados del expediente de regulación de empleo (ERE) acordado en 2007 por la sociedad mixta Mercasevilla, contra la negativa del Instituto Nacional de Empleo (INEM) a concederles el subsidio de desempleo. El juzgado de lo Social 4, recientemente, desestimó la primera de estas demandas sometidas a juicio, después de haber estimado antes la promovida por el propio INEM, para reclamar a 16 de estos ex trabajadores el reintegro de las cuantías percibidas con cargo al subsidio de desempleo. El presidente del comité de empresa de Mercasevilla, Rafael Domínguez (CC OO), informó a Europa Press de que la vista oral no ha llegado a ser celebrada al «desistir» de su demanda el prejubilado en cuestión. Tal decisión, aclaró, deriva de que a nombre de esta persona figura una demanda similar recogida por el juzgado de lo Social 8 y cuyo juicio ha sido señalado para el mes de junio.