Detectan un millar de empresas falsas que estafaron a la Seguridad Social

BARCELONA– El subdelegado del Gobierno en Cataluña, Emilio Ablanedo, explicó ayer que desde el año 2008 se han detectado en Barcelona cerca de un millar de empresas ficticias, que tenían como objetivo cometer fraude fiscal a la Seguridad Social y a la Agencia Tributaria. Un total de 211 de estas falsas compañías se han descubierto desde septiembre de 2011
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El anuncio llegó un día después de que la Policía Nacional detuviera a 73 personas en varias provincias españolas –ayer hubo otros tres arrestados– precisamente por traficar con datos de personas y empresas, paar defraudar a la Seguridad Social. Ablanedo señaló que «este tipo de delitos se detectan especialmente en Madrid y Barcelona, ciudades con gran actividad económica».

Ablanedo detalló que la mayoría de estas empesas ficticias detectadas en Barcelona se dedican a la construcción y a la mensajería. Son compañías que se constituyen en figuras jurídicas, comprando un pequeño despacho, que abandonan tras cometer el fraude –impago a la tesorería de la Seguridad Social–. Posteriormente, se repite la misma secuencia una y otra vez, y eso es lo que quiere evitar el Gobierno.

Según el subdelegado, estas empresas ficticias «favorecen el tráfico de inmigrantes ilegal y la creación de falsos documentos para nacionalizarse español». «Son compañías que se descapitalizan, que no pagan impuestos y que tampoco pagan a los trabajadores», señaló, y añadió que «queremos acabar con la impunidad de este tipo de estafadores, que piensan que no ocurre nada por estafar a la Seguridad Social». El Gobierno ultima una reforma legal para endurecer la lucha contra el fraude fiscal, que incluye una reforma del Código Penal.

Las aproximadamente 1.000 empresas ficticias descubiertas en Barcelona en los últimos cuatro años han afectado a unos 10.000 trabajadores, según datos de la Delegación del Gobierno.

Para hacer frente a este tipo de delitos Ablanedo se reunió ayer con representantes de la Agencia Tributaria, unidades policiales de investigación de la Seguridad Social y el fiscal de delitos económicos de Cataluña, Pedro Ariche. El encuentro fue una reacción a la mencionada operación policial, pero también forma parte de las medidas que adoptará el Gobierno para eliminar estos fraudes.

Estas medidas se basan en una reforma del Código Penal, que incluye que la prescripción de estos delitos pasen de los cinco a los diez años, el incremento de las multas por fraude fiscal -ahora la cantidad máxima son 187.000 euros-.