Reacción en cadena de ayuntamientos para poner coto a los desahucios

Sevilla- Cinco años de crisis económica; 7.133 desahucios en la comunidad sólo en los primeros seis meses de 2012–según datos de la Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN)–; una activa movilización de los afectados; y un sinfín de promesas por parte de las administraciones públicas. Poco se habían movido las aguas. La espoleta ha sido la tragedia de los dos últimos suicidios, uno de ellos en Granada. Todo el drama contenido ha estallado. Y ahora los distintos partidos entablan una carrera por ser los primeros en apuntarse la solución a las salidas nada honrosas de los que no pueden pagar la hipoteca de su casa.

Ahora, sí se están moviendo las aguas. Antes de que la Asociación Española de Banca (AEB) anunciara el compromiso de sus asociados de paralizar los desahucios durante dos años en casos en los que concurran circunstancias de «extrema necesidad» , una iniciativa a la que se han unido las entidades asociadas a la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA), trascendía que en Jaén se dejaba en suspenso un proceso.

Unicaja congeló ayer la ejecución hipotecaria a una familia del municipio jienense de Arjona. El Ayuntamiento de la localidad amenazó con pagar las nóminas municipales en otra entidad bancaria. Así lo declaró a Efe el alcalde, Javier Sánchez Camacho. En el último Pleno de octubre, el Consistorio decidió que las 47 nóminas de noviembre de los funcionarios y trabajadores del Ayuntamiento, más las que corresponden a los trabajadores de la Residencia de Ancianos, no se cobrasen por Unicaja. El Ayuntamiento tiene conocimiento de «tres casos sangrantes» de familias que estaban pendientes de ejecuciones hipotecarias, pero justo ayer por la mañana recibieron comunicación telefónica de Unicaja de que se paralizaba la más inminente, que tendría lugar en febrero del 2013.

La caja malagueña, como asociada de la CECA, se adscribe a las nuevas medidas adoptadas. Las cajas deciden «suspender la ejecución de desahucios de vivienda habitual de colectivos especialmente vulnerables, hasta la entrada en vigor de la reforma de la normativa anunciada por las autoridades». En cualquier caso, fuentes de esta compañía aseguraron a LA RAZÓN que desde hace tiempo ya se está haciendo un «especial seguimiento» para que los desahucios no se produzcan. Las fórmulas alternativas que se implementan son refinanciación de deuda, moratorias o conversión en alquiler, aunque esta última vía es poco frecuente.

El Ayuntamiento de Marbella tiene previsto aprobar hoy una modificación presupuestaria para liberar 20.000 euros que se destinarán a ayudar a familias inmersas en procesos de desahucios, según anunció ayer la alcaldesa, Ángeles Muñoz. El delegado de Vivienda del Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera (Cádiz), Andrés Núñez (PP), anunciaba también la puesta en marcha, «para principios de 2013», de un «pionero e innovador» Programa de Ayudas al Pago de Hipotecas (Paphi), el cual cuenta con respaldo financiero municipal procedente de la empresa pública Emsisa. 24 horas antes, el alcalde de Sevilla y presidente del PP-A, Juan Ignacio Zoido, se comprometía también a paralizar los 600 posibles desahucios de la empresa municipal de vivienda de Sevilla.

Asimismo, el alcalde de Córdoba, José Antonio Nieto, se comprometió a hacer «un esfuerzo importante en los próximos meses» para «intentar acortar plazos» para el acceso a la vivienda pública, así como abrir un mercado de alquiler «más asequible» para familias necesitadas como las afectadas por desahucios.