El Gobierno forzado a legislar en solitario la reforma laboral

MADRID- El Gobierno deberá emprender a partir de este lunes el camino en solitario y legislar en materia de reforma laboral, después de que sindicatos y patronal desaprovecharan el fin de semana de plazo extra que el Ejecutivo les concedió este viernes para seguir negociando. Lejos de hacerlo, los dirigentes empresariales y sindicales, convencidos de la misión imposible encargada por Mariano Rajoy, mantuvieron en esos dos días sólo contactos telefónicos sin excesivas pretensiones.

Y es que después de semanas de concertación y pese a los cinco millones de parados, los interlocutores sociales sólo han sido capaces de sentar las bases en acuerdos puntuales, como la resolución extrajudicial de los convenios, mutuas, formación o traslado al lunes de los festivos. Contratación, salarios y negociación colectiva se han convertido en el caballo de batalla que ha separado a sindicatos de empresarios. UGT y CC OO defendían aumentos salariales en 2012 por debajo de la inflación prevista por el Gobierno del 1%. Sin embargo, la patronal deseaba dar un paso más y congelar este y el próximo ejercicio los salarios, al igual que ocurre en la función pública. La supresión demandada por los empresarios de las cláusulas de revisión salarial referenciadas a la inflación española constituyió otro de los escollos principales para cerrar un pacto. La patronal prefería ligar estas alzas de nóminas al IPC europeo, más bajo que el español.
Además, las partes mantuvieron hasta el final de la negociación las espadas en alto respecto a la indemnización por despido. Los empresarios consideraban y siguen considerando necesario imponer en el mercado de trabajo un contrato indefinido anticrisis durante dos años, con unos costes de despido más baratos. En esta modalidad la indemnización por despido improcedente se rebajaría a 20 días por año trabajado con un tope máximo de 12 mensualidades, frente a los 45 días o a 33 días actuales, según el tipo del contrato. Mientras, el despido procedente se recortaría de los 20 días actuales a los 12.

En este punto y para evitar polémicas, el Gobierno apuesta, en estos momentos, por incentivar el contrato indefinido, con una indemnización por despido improcedente de 33 días, así como por potenciar el teletrabajo y el contrato a tiempo parcial, modalidad con la que cuenta con todos los parabienes de los sindicatos. No obstante y según evolucione el mercado de trabajo, estudia un contrato indefinido con un despido improcedente entre los 33 días actuales y los 20 que defienden la patronal.

En este escenario de desacuerdo evidente, la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, pondrá encima de la mesa desde este lunes las líneas generales de la reforma del mercado laboral, que celosamente guarda su Departamento desde hace días.

Según aseguran fuentes del Ejecutivo, el Gobierno no legislará hasta finales de este trimestre. Pese a ello, cierra la puerta a conceder una prórroga en la negociación, tal y como solicitaron los sindicatos el martes pasado, fecha en la que remitieron un documento conjunto con la patronal de balance de las negociaciones.

Por eso hoy no remitirán otro informe al Gobierno, pese a que la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, les invitó a hacerlo el viernes pasado, según aseguraron a LA RAZÓN fuentes sindicales.

El PP insta a «apurar los minutos»
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, pidió ayer a las organizaciones empresariales y sindicales que «apuren las horas y los minutos» para llegar a un acuerdo, ya que «de esa base debe salir una reforma que sirva para crear empleo». «Es necesario construir entre todos ese acuerdo que sirva para sacar a España adelante», reclamó. La reforma laboral está pensada «por y para crear empleo». «Es una responsabilidad de todos», declaró Sáenz de Santamaría en la clausura de la Convención Autonómica del PP-A. La también portavoz del Ejecutivo reconoció que el Gobierno tiene responsabilidad en la creación de empleo, «pero los agentes sociales y empresariales también», porque «todos tenemos que ser capaces de mirar de frente a los más de cinco millones de desempleados» y decirles que «no hay ninguna organización ni institución ni Gobierno en España que sean ajenos a esa realidad tan dura y difícil».

«Desde el PP estamos dispuestos a hacerlo», apostilló.

Sáenz de Santamaría quiso subrayar, además, que el empleo, es «una responsabilidad y una prioridad de los políticos, pero también de todos de agentes sociales, es «el principal objetivo de España como Nación», y, por ello, «todos tenemos que trabajar unidos». Y con esa frase, reclamó de nuevo, urgencia para alcanzar un acuerdo