El «Proyecto Guadalquivir» suma más dudas tras el chasco competencial

Sevilla- La reversión de competencias sobre el río Guadalquivir en beneficio de la Administración General del Estado arroja numerosas dudas sobre las iniciativas emprendidas desde 2008 por la Junta de Andalucía. La situación de los empleados, las resoluciones y acuerdos administrativos sobre la cuenca, el futuro de la Agencia de Medio Ambiente y Agua o la paralización de inversiones son algunos de los aspectos que el Gobierno andaluz tendrá que aclarar en los próximos días. El PP-A insistió ayer de nuevo en la convocatoria urgente de un Pleno monográfico en el Parlamento para que el Ejecutivo de Griñán dé respuestas a estos interrogantes. Uno de ellos será en qué afecta este nuevo panorama al «Proyecto Guadalquivir», una de las grandes aspiraciones de la Junta para sacar del «letargo» al río y que se iba a convertir en un pilar de la «Andalucía sostenible», clave en el nuevo modelo de economía que se pretendía impulsar una vez que se supere la crisis.

El «Proyecto Guadalquivir» se presentó el 14 de octubre de 2009. Lo hizo en Sevilla José Antonio Griñán. Fue un evento fastuoso que provocó varias preguntas parlamentarias del PP acerca del coste de la presentación.

El 15 de febrero de 2010, en una respuesta parlamentaria publicada en el BOPA, la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte admitió que al acto acudieron 1.800 personas y que el coste de la organización –licitado en concurso público– ascendió a 175.652,17 euros IVA no incluido, cifra a la que hubo que sumar 42.489, 17 euros para asegurar la viabilidad de un evento al que inicialmente se preveía la asistencia de 1.200 personas.

En esa misma respuesta, el departamento de Turismo admitía que «sin duda, la transferencia de las competencias relacionadas con la gestión de aguas de su cuenca nos ha permitido apostar por este gran recurso identitario de Andalucía (...). El Gobierno andaluz considera que ha llegado el momento de su definitiva integración como vector de desarrollo socioeconómico de nuestra región».

La fórmula elegida para dar forma a ese proyecto fue la creación de un Consorcio. Se anunció entonces, pero tardó más de un año y medio en presentarse. El Consejo de Gobierno lo aprobó el 17 de mayo de este año. Ya se conocía la sentencia del Tribunal Constitucional, pero la portavoz del Gobierno andaluz aseguró que no influiría en su desarrollo. Aún se confiaba en alcanzar un acuerdo para seguir gestionando el río desde Andalucía.

Ahora no será así. Y en el Consorcio no se incluye al Gobierno central. La Junta está presente a través de las consejerías de Presidencia, Economía, Hacienda, Obras Públicas, Vivienda y Ordenación del Territorio, Turismo, Comercio y Deporte, Cultura y Medio Ambiente. De los 25 sillones del consejo rector, 14 los aporta la Junta, ya que el «Proyecto Guadalquivir» era «transversal» e implica a todo el Ejecutivo. El resto es para las seis diputaciones por cuyo territorio discurre el Guadalquivir o el Genil (todas salvo Málaga y Almería); la Asociación «Red de Ciudades Río Guadalquivir», UGT-A, CC OO-A y dos representantes de la CEA.

Tras el fracaso de la negociación con el Gobierno central, la Junta tiene mayoría en un Consorcio para impulsar un río sobre el que no tiene competencias. Otro proyecto estratégico que encalla.

Claves
- El proyecto incluye la habilitación de un sendero de 700 kilómetros para recorrer a pie, en bicicleta o a caballo.
- También incluye la remodelación de las estaciones ferroviarias para desarrollar el proyecto Guadalraíl y la construcción de medio centenar de estaciones fluviales en tramos del río y embalses.
- Otro apartado pretende explotar la oferta turística de los municipios ribereños y aplicar el programa «Guadalquivir cultural».