Carlos G dice que unos 20 agentes controlaban las cámaras del «Faisán»

Carlos G., responsable del equipo investigador del operativo policial encargado de la grabación de las imágenes del bar «Faisán» de Irún –donde supuestamente se produjo en mayo de 2006 el «chivatazo» policial que abortó una operación contra el «aparato de extorsión» de ETA– ha remitido al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz un informe en el que asegura que una veintena de agentes se encargaron de controlar las cámaras

Rubalcaba, con el secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho
Rubalcaba, con el secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho

Según el mando policial, después de casi cinco años no es capaz de recordar qué funcionarios serían los encargados específicamente de grabar esas imágenes, recogidas en una cinta de vídeo que tiene cortes de más de tres minutos que la Guardia Civil no considera accidentales. La asociación Dignidad y Justicia (DyJ) solicitó ayer al magistrado que se identifique a todos los policías que se encargaron de dar soporte técnico al equipo investigador sobre el terreno y que se les cite como testigos.

Ruz recibió el pasado viernes el informe de la Guardia Civil que concluye que los cortes en las imágenes no fueron fortuitos. Pero, además, el instructor tiene sobre la mesa otros tres informes remitidos por el equipo investigador comandado por Carlos G. Uno de ellos hace referencia a la cadena de custodia policial de las imágenes grabadas (que según el equipo investigador siempre estuvo a cargo de la Comisaría General de Información de la Policía). Otro aporta al juez los datos que solicitó sobre el número de agentes encargados de las grabaciones y las especificaciones técnicas de las cámaras utilizadas. Y el tercero, que ha sido declarado secreto, incluiría según las fuentes consultadas nuevas imágenes grabadas en el bar «Faisán» que, hasta el momento, no se han revisado y en las que figurarían individuos pendientes de identificar.

Nuevas diligencias

Es precisamente en el segundo de esos informes en el que Carlos G. asegura que no puede precisar qué agentes se encargaron de las grabaciones, dado que más de una veintena formaban el dispositivo que pudo manejar las cámaras. Ese documento se limita a señalar, según las fuentes consultadas, que de esas cámaras se encargaban miembros del Área Especial de Seguimiento (AES), de la Comisaría General de Información, que se limitaban «a darle al play y al off».

Dignidad y Justicia afirma en su escrito que, según la declaración de tres funcionarios policiales, el control y vigilancia de las cámaras en las entradas del bar Faisán les correspondió a miembros del AES en «los días previos a la puesta en marcha de la operación» contra la red de chantaje etarra. Sin embargo, añade, según las declaraciones del superior de Carlos G., José Cabanillas, el responsable de la investigación apartó a estos agentes que prestaban soporte técnico en los días previos al 4 de mayo (cuando supuestamente se produjo el «chivatazo») «y puso sus medidas de vigilancia».

La asociación que preside Daniel Portero también ha solicitado a Ruz que celebre un careo entre Carlos G. y Cabanillas para arrojar luz sobre las contradicciones en sus declaraciones ante el juez instructor.


La citación, en el aire
El juez Ruz tiene que resolver sobre la petición de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) –que ejerce la acusación popular en la causa del chivatazo junto a Dignidad y Justicia– de que llame a declarar a Carlos G. para que responda a las declaraciones judiciales de José Cabanillas –ex responsable de la Unidad Central de Inteligencia (UCI) de la Policía– que arrojan sombras sobre su actuación como responsable de la investigación. Sobre esta solicitud no se ha pronunciado todavía ni la Fiscalía de la Audiencia Nacional ni Dignidad y Justicia, puesto que según las fuentes consultadas el magistrado todavía no habría dado traslado a las acusaciones de esta nueva diligencia, impulsada por la AVT, para que informen.