SEVILLA-Las empleadas encargadas de prestar los servicios de la Ley de Dependencia han iniciado una campaña de movilización para exigir al Ayuntamiento de Sevilla el cobro de sus nóminas. Así lo expresaron ayer varias trabajadoras de la empresa Claros SCA, que mantienen que la mayoría de la plantilla lleva entre dos y tres meses sin percibir el salario correspondiente. Se encuentran en una encrucijada de interés político similar al de otros trabajadores que desarrollan servicios municipales pero cuyos sueldos dependen del dinero que envíe la Junta de Andalucía.

Según estas empleadas, desde comienzos de este año,los problemas de pago se convirtieron en habituales, ya que la empresa, que no abona las nóminas hasta que no recibe el dinero de Asuntos Sociales, ha estado retrasando y fraccionando el pago de las mismas. Una trabajadora, que declina dar su nombre, señala que el sueldo medio suele estar en 700 euros y que hay compañeras que en los últimos 15 días han cobrado la mitad de esta cantidad. Son las denominadas privilegiadas, «porque al menos tienen algo que llevar a su casa aunque sea poco dinero», comenta. El resto está a la espera de que se llegue a un acuerdo entre ambas administraciones. Junto a este problema, las empleadas señalan que el Ayuntamiento tiene la intención de repartir en cinco empresas concesionarias a las 1.700 que prestan los servicios. La intención, según estas afectadas, es «dividir a las empleadas para que no podamos exigir nuestros derechos y dar un sueldo distinto a cada una». Insisten en que van a iniciar un calendario de movilizaciones. Ayer se manifestaron por la tarde ante el Consistorio para «exigir el pago de las nóminas íntegras en la fecha convenida» y para evitar que las cinco empresas «logren dividir al colectivo, que es lo que quieren».

Hace casi un mes, la delegada de Asuntos Sociales y Zonas de Especial Actuación, Dolores de Pablo-Blanco, negó que las trabajadoras fueran las afectadas por los impagos de la Junta. Así, puso de relieve que «con independencia de que llegue o no la financiación» la entidad prestadora de los servicios está cobrando «puntualmente». El problema es grave, pues ya entonces la delegada aseguró que la Junta está llevando al Ayuntamiento «a una situación insostenible», pues le adeuda 5,7 millones de euros.

Una situación similar se vivió hace unos meses en Jerez de la Frontera, donde las trabajadoras de Acasa, empresa encargada de la ayuda a domicilio, levantaron una acampada ante las puertas del Ayuntamiento para exigir el pago de sus nóminas, después de que la Junta retrasara el pago.