El Gobierno hará otro Consejo de Política Fiscal porque algunas autonomías no cumplen

MADRID- Las comunidades autónomas han intensificado la negociación con Hacienda y sus ajustes presupuestarios en las últimas horas. Mañana es el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) en el que sus planes de consolidación fiscal se harán públicos y se someterán a votación, como una reunión del Ecofin a la española. Y prácticamente a 48 horas de esa trascendental reunión Cataluña y Andalucía presentaron nuevos impopulares recortes en partidas muy delicadas –empleados públicos o educación, por ejemplo–, contradiciendo, además, en el caso andaluz un discurso político que se fundamenta en el lema del PSOE de que hay otra política distinta a la del Gobierno de Rajoy para salir de la crisis.

Ayer, fuentes del Gobierno informaron a este periódico que pese a esos recortes, y a la negociación «in extremis», siguen viendo «difícil» que todas las comunidades pasen el examen de mañana. Precisamente en previsión de que no todas aprueben, Hacienda ya ha convocado otro CPFF para dentro de unos días en el que volverían a revisarse los presupuestos de aquellas autonomías que no pasen el primer filtro. A partir de ahí se pondrían en marcha los mecanismos previstos en la ley de estabilidad presupuestaria, que llevan a la intervención.

Desde que venció formalmente el plazo para que las autonomías presentaran sus ajustes ante el Ministerio de Hacienda la negociación se ha mantenido viva bajo cuerda en un tira y afloja especialmente intenso con aquellas que presentaban unos mayores desequilibrios entre ingresos y gastos. Como explican en el Gobierno, la situación de las comunidades es muy parecida a la que tiene España con respecto a Bruselas, formalmente no hay intervención, pero tampoco hay soberanía plena en sus decisiones.

Hacienda ha hecho correcciones y ha estado muy encima de Valencia, Murcia, Andalucía, Cataluña y, también, País Vasco. Cada una por un motivo distinto, pero, en suma, todas han tenido que hacer cambios sobre los planes inicialmente previstos, según adelantó este periódico el pasado día 9.

Cataluña y Andalucía
De todas ellas, el problema político más importante lo plantea Cataluña, seguida de Andalucía. Pero la Generalitat catalana ha sido una de las que más esfuerzos ha realizado para ajustarse al 1,5 por ciento de déficit, aunque en su mensaje político mantuviese el pulso a Madrid con respecto a la reclamada deuda de 200 millones de euros que alegan que les reconoce el Estatut.

Desde el equipo económico del Ejecutivo de Rajoy se elogia en privado el trabajo del consejero de Economía catalán, Andreu Mas-Colell, de quien dicen que es un político «sensato» que sabe que Cataluña no puede jugar con el déficit, porque si ella no hace el ajuste, se lo harán los mercados, es decir, que se quedaría sin liquidez y sin financiación. Esto último, y no la amenaza del Gobierno central, es quizás lo que más fuerza está teniendo a la hora de mover a los presidentes autonómicos a intensificar sus ajustes, y así lo admiten desde Moncloa.

Comunidades como Valencia han llegado a una situación financiera extrema por el alto coste de su deuda: la desconfianza de los mercados ha obligado a algunas autonomías a pagar por su deuda más que algunos países rescatados como Portugal, una situación alarmante que los analistas ven absolutamente insostenible.

De ahí viene la demanda de hispanobonos que los presidentes autonómicos del Partido Popular ya plantearon a Mariano Rajoy en la última cumbre que a mediados de abril celebraron en Génova. Ayer por la tarde, desde el Gobierno se aventaba un mensaje lleno de incertidumbre sobre cómo se saldará el Consejo de Política Fiscal y Financiera. «Habrá que esperar al jueves. Ojalá se salven todas, pero habrá que ver, parece difícil», explicaban.

LA LUPA
El Gobierno pide «máxima colaboración»
Contra viento y marea. El Gobierno sigue lanzando un mensaje tranquilizador a los mercados: que España cumplirá. La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría reclamaba ayer a comunidades y ayuntamientos su «máxima colaboración» para llevar a cabo los recortes porque de ello depende «la credibilidad y confianza» española.