Lo que la verdad esconde

La reciente sentencia dictada por el Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña significa un momento histórico en España, tanto en el mundo jurídico, como en el político, y por ello está produciendo ríos de tinta sobre su valoración. Esta es hasta ahora política, y obviamente ante la todavía ausencia de texto, muy poco jurídica. Ahora bien, de lo que no cabe duda, es que su valoración política, ya está hecha, diga lo que diga, y razone lo que razone, la suerte ya está echada. Pero quizá lo que más llama la atención, es el signo de las valoraciones políticas, algunas de las cuales parecerían chistes, si no fuera por lo que nos va en ello. Si hiciéramos una abstracción del contendido del fallo, esto es, no se conociera, y tuviéramos que hacer una valoración de alcance sólo sobre el contenido, resultaría imposible, puesto que nunca una decisión jurídico-constitucional, ha provocado declaraciones tan contradictorias, hasta el punto de no saber quién ha ganado. Quizá sea este el error, plantarse el resultado de la sentencia como si se tratara de un resultado futbolístico. Es curioso cómo algunos políticos, rápidamente, se han apropiado del contenido del fallo, para considerarse agraciados con el mismo, como si se tratara del sorteo de Navidad. Resulta impresionante leer y escuchas algunos de los argumentos para felicitarse de su contenido. Este intento de apropiación indebida se concilia muy poco con lo que debería regir la actuación de estos responsables, analizar el bien común, esto es, qué es lo mejor para Cataluña y para el resto de España y sobre todo para nuestra Constitución, un patrimonio del que algunos quieren desprenderse. Parece que la norma se elabora no para una Comunidad Autónoma, sino frente a alguien, de tal manera que el fallo supone o quieren que suponga una victoria frente a un hipotético enemigo del Estatuto, como si se tratara de algo más que una norma jurídica. Este ha sido el problema desde el principio, el uso de la norma como arma de defensa política, y el poco debate jurídico que ha generado, el que de verdad importa, su acomodo o no a la Constitución. Para algunos, unos de manera valiente y explícita, otros de forma cobarde y tácita, este debate es el que menos importaba, se superaba el principio de legalidad constitucional por el de oportunidad, esto es, el debate se plantea en términos de lo que era más o menos apropiado para los políticos. Algunos intentamos, porque así nos lo dictó nuestra conciencia y responsabilidad, abrir este debate lo antes posible, y por eso el anterior Consejo General del Poder Judicial, hizo un estudio sobre el acomodo constitucional del Título dedicado al Poder Judicial, precisamente porque entendíamos que no se conciliaba del todo con la Constitución y con el principio de Unidad Judicial sancionado por la misma. Fuimos criticados y ferozmente atacados por ello, algunos lo seguimos pagando en estos momentos, pero al final la realidad y la verdad jurídica se impone, y cuando se discute en derecho, los juristas se entienden, si bien no es bueno sacar pecho por nada, puesto que en este debate no hay ganadores ni perdedores; la única que ha perdido ha sido la justicia, cuya modernización se aparcó por el debate centrado en los títulos competenciales, precisamente abierto por la redacción el Estatuto. Al final el Tribunal en esta materia, como en otras, ha puesto luz y lo que deberíamos hacer todos, es acatar sus pronunciamientos, y sobre todo los responsables de la política en justicia, comenzar de una vez por todas, a trabajar de forma decidida en la senda de la necesaria modernización de nuestro sistema de Justicia, y precisamente sobre las bases competenciales definidas por el Tribunal. Cualquier otra decisión sería demoledora para el mundo de la justicia; insistir en el debate competencial, además de irresponsable resultaría suicida para el proceso reformador, porque lo volvería a paralizar, y estamos para pocas bromas. No es buena la patrimonialización de las resoluciones judiciales, estas no son de esta u otra fuerza política, son fundamentalmente de los ciudadanos y convendría hacer un ejercicio de responsabilidad, y no ahondar más en lo que nos separa, sino hacer de la necesidad virtud y trabajar en lo que nos une. Algunos se han apropiado de los términos «plural y diverso», colocando a los que no piensan como ellos, en una especie de centralismo francés, poco respetuoso con la diversidad existente en España, pero quizá lo que no se dan cuenta, es que algunos, por vocación democrática, pensamos más en el individuo que en los territorios, y nos gusta más luchar por los derechos y libertades individuales, que por los derechos históricos. Ha llegado el momento de la verdad y de la responsabilidad, debiéndose abandonar la demagogia y populismo, y sobre todo pensar más en lo que realmente le preocupa al ciudadano.