Anuncian doce exhumaciones para investigar el robo de bebés en Guipúzcoa

Esta docena de exhumaciones se sumaría a las dos ya practicadas en Guipúzcoa (una San Sebastián y otra en Itsasondo), y a una tercera hecha en Bilbao, sin que se hayan encontrado restos humanos en estos enterramientos.

El pasado martes una comisión judicial no halló ningún vestigio biológico en el panteón del cementerio donostiarra de Polloe en el que deberían reposar los restos de Rebeca Losa Ocáriz, una bebé dada por muerta en el año 1977 al poco de nacer.

La búsqueda de esta mujer, que actualmente tendrá 34 años, es ahora la prioridad de sus padres y sus nueve hermanos que han iniciado una campaña para localizarla, paralela a las investigaciones que lleva a cabo un juzgado de instrucción de San Sebastián.

La exhumación de este féretro vacío llevó el pasado viernes al fiscal general del País Vasco, Juan Calparsoro, a afirmar, en declaraciones a Efe, que este hecho supone una evidencia del "primer caso acreditado en Euskadi de que hubo un delito".

La otra exhumación practicada hasta ahora en Guipúzcoa tuvo lugar ayer en el cementerio de la pequeña localidad de Itsasondo, aunque la asociación SOS-Bebés Robados no ha querido ofrecer detalles del asunto dado que la familia afectada no ha recibido aún los resultados oficiales que confirmarían la ausencia de restos mortales en la tumba.

El tercer caso, que fue el primero en el tiempo, corresponde a la muerte de un bebé en 1993. En la exhumación de su enterramiento tampoco se localizaron vestigios biológicos si bien, según la responsable de SOS-Bebés Robados, Amadeli Díaz, la familia afectada no quiere dar a conocer públicamente su situación.

Estos casos son tres de los centenares que tramita SOS-Bebés Robados, la asociación que investiga la desaparición, desde la década de los años 40 de niños que supuestamente habrían sido arrebatados a sus madres nada más nacer y que sólo en Euskadi afectaría a unas 600 familias.

Amadeli Díaz ha precisado que por el momento en Guipúzcoa se han detectado 320 casos de posibles bebés robados, unos 200 de los cuales estarían en los tribunales, aunque hasta ahora se han archivado entre un 10 y un 15% de ellos.

Díaz ha revelado que su asociación no se plantea otra hipótesis que la de que los niños dados por muertos fueran vendidos a terceras personas, porque la asociación ya ha localizado a "cinco o seis"y sabe que se pagó "un dinero"por ellos, que "siempre era el valor de un piso y, en algunos casos, el de dos".

Miembros de este colectivo se han entrevistado esta mañana con el alcalde de San Sebastián, Juan Karlos Izagirre, que habría respondido de una forma receptiva a su petición de medios económicos y de un local para desarrollar sus actividades.

Por otra parte, las Juntas Generales de Guipúzcoa han aprobado hoy una declaración institucional en la que se solidarizan con las familias afectadas, piden a las instituciones que adopten las medidas necesarias para "garantizar el derecho a la verdad"y demandan a la Diputación que, entre otras medidas, "cree un servicio de asesoría de atención"a los afectados.