El PP critica la «ausencia de controles» en el ERE de la base aérea de Morón

SEVILLA- El Gobierno andaluz se empeña en defender que los controles de la Junta de Andalucía funcionan a la hora de detectar los ERE irregulares, aunque la realidad es bien distinta. El PP exigió ayer al Ejecutivo de José Antonio Griñán que explique cómo no detectó el «fraude» en el Expediente de Regulación de Empleo que se tramitaba en la base aérea de Morón de la Frontera (Sevilla), con 31 «intrusos» que no tenían contrato activo. Un caso más de la larga lista de procesos ilegales en el que están implicados destacados cargos del PSOE andaluz. En concreto, la empresa Vinnell-Brown and Root pidió el pasado mes de octubre la tramitación de un ERE para despedir, con el visto bueno de CC OO y UGT, a 286 trabajadores. La plantilla estaba compuesta por un total de 594. El sindicato USO consideró «desproporcionado» el número de despidos y exigió una nueva ronda de negociaciones, que desembocó en la cifra final de 150. Ante las dudas, el sindicato solicitó una copia con los nombres y apellidos de los afectados, detectando ocho casos de antiguos empleados que no estaban en esos momentos en la empresa. El mecanismo, por tanto, lo puso en marcha USO, una central minoritaria y con pocos recursos. Llevó el caso a la Delegación Provincial de Empleo de la Junta, organismo que paralizó el ERE y reenvió el listado a la Inspección de Trabajo. Todos estos departamentos pasaron por alto las irregularidades desde un principio, tanto que la Inspección detectó luego un total de 31 personas que no deberían aparecer en la lista. La Junta se limitó a borrar los 31 despidos fraudulentos y dar el visto bueno a los 119 restantes. De esta manera, se autorizó la extinción de estos contratos en diciembre. Se da la circunstancia de que el segundo teniente de alcalde del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra y vicesecretario local del PSOE, Francisco García, se benefició presuntamente del ERE.