El sector público tarda 153 días en pagar a las empresas 14 más que en 2009

MADRID- Que las arcas de las administraciones están secas no es ningún secreto. Por eso no ha de extrañar que los ayuntamientos, diputaciones y cabildos tarden cada vez más en finiquitar sus facturas, por más leyes de Morosidad, como la que entró en vigor el 7 de julio, que el Ejecutivo se esfuerce en aprobar para aliviar este nudo corredizo que va a estrangulando poco a poco a muchas empresas que trabajan con el sector público. En 2010, las administraciones españolas tardaron de media 153 días en abonar los trabajos a las empresas privadas, catorce más que en 2009, según datos de Intrum Justitia, compañía sueca de servicios de crédito y cobro. Comparada con la media europea, donde el plazo es de 63 días, la diferencia de 90 es escandalosa y convierte en casi una quimera los objetivos marcados en la Ley de Morosidad. Según la norma, el objetivo es que las administraciones públicas solventen sus pagos en un plazo máximo de 30 días a partir de 2013, 123 menos de lo que tardan ahora. Este año, de hecho, ya deberían haber reducido su límite de plazo a sólo cincuenta días. La situación es especialmente dramática para áreas como la sanitaria o la de construcción. En el caso del primero, mientras que en Europa el sector público tarda una media de 62 días en pagar a las empresas del sector, en España el plazo es nada menos que de 251. En lo que a la construcción se refiere, el abono tarda en llegar 216 días. El retraso de las constructoras ha generado un efecto en cascada que está arrastrando a los fabricantes de materiales del sector. Las constructoras tardan de media 177 días en pagar a los subcontratistas, lo que está ahogando a estos últimos. La patronal de los fabricantes de materiales, Cepco, calcula que las constructoras adeudan a sus asociados unos 15.000 millones, más 600 de intereses, lo que ha puesto al borde del precipicio a muchas de ellas, que tienen que recurrir a la banca para que les adelante el pago, con la consiguiente carga de intereses y coste de anticipo. Las empresas morosas arguyen que si no pagan es porque a ellos la administración tampoco les está abonando las facturas. En 2013, según la Ley de Morosidad, estarán obligadas a pagar a sus proveedores en un máximo de 60 días. Hasta el 31 de diciembre de 2011, estarán obligadas a hacerlo en un plazo máximo de 120 días.

Recorte de las cargas administrativas
El vicepresidente tercero del Gobierno y ministro de Política Territorial y Administración Pública, Manuel Chaves, anunció ayer que se prevé obtener un ahorro para las empresas y los ciudadanos de 15.000 millones de euros gracias a las medidas puestas en marcha por el Ejecutivo para reducir las cargas impositivas, informa Ep. El coste total de las cargas administrativas en España supone actualmente el 4,6% del Producto Interior Bruto (PIB), según un cálculo del Banco de España, la Comisión Europea y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), por lo que el objetivo del Plan de Acción para la Reducción de Cargas Administrativas, que cuenta ya con cuatro acuerdos y 247 medidas, es reducir en 2012 hasta un 30% dicho coste.

Viviendas de alquiler por 240 euros mensuales
El ministro de Fomento, José Blanco, y el presidente de Caja Madrid, Rodrigo Rato, firmaron ayer un acuerdo para que la Sociedad Pública de Alquiler (SPA) gestione 191 viviendas de la entidad, que se sacarán sobre todo al mercado valenciano y catalán, con rentas mensuales a partir de 240 euros. Blanco recalcó en la firma que «la digestión de viviendas y suelo en stock es una de las principales resistencias para consolidar la recuperación de la economía española».