El PP recurrirá también al TC el segundo decreto del sector público

Los populares recurrieron el decreto-ley de julio y dejaron en el aire recurrir también el de noviembre, ya que tras el pacto de la Junta con los sindicatos UGT y CC OO se modificaron algunos artículos, pero no el armazón principal.

Aunque la segunda visita al Alto Tribunal estaba cantada desde un principio, el presidente del PP-A, Javier Arenas, optó por enfriar la polémica, probablemente para sumar más motivos, y esperar a ver cómo se desenvolvía la negociación parlamentaria. El «rodillo» socialista en la primera fase de ponencia ha sido el detonante, en contraste con la doble intención con la que el Gobierno andaluz accedió a tramitar como Proyecto de Ley el decreto de reordenación del sector público: acercar posturas con los partidos de la oposición y resarcir la aprobación expeditiva del primer decreto que el propio presidente andaluz ha reconocido en numerosas ocasiones como un error.

Así las cosas, Arenas aseguró ayer durante la presentación del candidato del PP en Dos Hermanas (Sevilla) que el PP «volverá al Constitucional», como ya lo hizo el pasado mes de octubre, según recoge Europa Press. Un primer recurso, por cierto, admitido a trámite a finales de noviembre.

El objetivo es que «se respete la dignidad de los funcionarios», a los que el máximo dirigente del PP andaluz dijo que «no deben temer bajo ningún concepto» por su puesto de trabajo si consigue gobernar en 2012; aunque, por el contrario, deslizó que los que sí deberían temer son los que actualmente están «colocados por la Junta de Andalucía».

El nuevo recurso no invalidaría el que ya está en marcha y que el PP no tiene ninguna intención de retirar. Como ya informó LA RAZÓN, el TC podría pronunciarse sobre la constitucionalidad de los dos decretos, pese a que el primero haya sido corregido, con el fin de sentar doctrina si así procede. Ambos recursos seguirían en paralelo.

Pese a que la negociación parlamentaria no se ha agotado –el debate final en el Pleno está previsto para finales de este mes–, las distancias entre PSOE y PP parecen insalvables. En un plano general hay puntos de coincidencia, de hecho varias propuestas del PSOE van dirigidas a garantizar que las potestades administrativas les correspondan exclusivamente a los funcionarios o que la selección se haga atendiendo a los criterios de igualdad, mérito y capacidad. Sin embargo, otra cosa es la letra pequeña. El PP aboga por poner coto a las numerosas encomiendas de gestión y contratos externos sobre los que ha avisado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y el Defensor del Pueblo Andaluz; y cierra el paso a que las potestades públicas reservadas por la legislación del Estado a los funcionarios las puedan realizar otros trabajadores públicos que no tengan garantizado su puesto de trabajo. Las 42 enmiendas populares son, en suma, una enmienda a la totalidad y así lo ha dicho explícitamente este grupo. De IU, los ponentes del Partido Socialista –el exportavoz José Caballos lleva la batuta– sí han aceptado trece enmiendas, aunque rechazaron 72. En total son 114 las enmiendas que ha tumbado hasta el momento la mayoría socialista, que ha presentado un total de 32.