El PP endurece las críticas a Griñán por los ERE: «Está hasta las cejas»

SEVILLA- El último auto de la juez instructora de la trama de los expedientes de regulación de empleo fraudulentos, que alude directamente a Griñán como concedor de los sucesivos reparos que hizo la Intervención al procedimiento que se estaba llevando a cabo para librar el dinero de las prejubilaciones –183 personas han cobrado de forma irregular–, ha abierto una gran vía de agua en el Ejecutivo andaluz y, de paso, la oposición se ha encontrado con las puertas abiertas para disparar.
Ahora es la juez Mercedes Alaya la que señala que «la Intervención General, desde los informes de cuentas anuales y de cumplimiento correspondientes a los ejercicios 2002 y siguientes, ha puesto de manifiesto de forma reiterada y explícita, tanto al consejero de Economía, hoy presidente de la Junta, a IDEA y al consejero de Innovación, Ciencia y Empresa, a la cual pertenece la anterior, que con la utilización de esta figura –en relación al modelo de transferencia de financiación de explotación– se ha estado prescindiendo de forma total y absoluta del procedimiento administrativo adecuado, que es el de la subvención excepcional, lo cual ha tenido consecuencias no sólo de forma sino de fondo».
El responsable del Área Económica del PP-A, Rafael Carmona, y los senadores Patricia Navarro y Rafael Salas comparecieron ayer en la sede regional del partido y los tres lanzaron un único mensaje en racimo: «Griñán está implicado hasta las cejas» en la trama de los ERE. Para la senadora del PP-A, el auto del juzgado número 6 de Sevilla «marca un punto de inflexión» y «supone una nueva etapa en el caso». «La juez pone nombre y apellido a la X de los ERE, implicando al anterior consejero de Economía», deslizó Patricia Navarro.
Hay que recordar que José Antonio Griñán fue titular de la Consejería de Economía y Hacienda entre 2004 y 2009, organismo del que depende la Intervención General de Hacienda, que al menos en ocho ocasiones, a partir del año 2002, avisó de irregularidades en el procedimiento. El argumento que esgrimió en su día la actual consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo –viceconsejera en el departamento de Griñán en este periodo– es que no trasladó al entonces consejero de Economía los informes de Intervención porque no los consideró suficientemente relevantes. Esta suerte de inmolación de Martínez Aguayo se interpretó como un intento a la desesperada de blindar al ahora presidente de la Junta. El dique se tambalea con el último auto de la juez, que también afecta indirectamente a la actual titular de Hacienda. «Ya no vale que Martínez Aguayo trate de quitarle el muerto a Griñán», añadió la senadora del PP-A.
Aunque la juez busca claramente un posible delito de prevaricación del Ejecutivo andaluz –de ahí su interés en acceder a las 480 actas de los consejos de Gobierno de la última década– ésta es una palabra que el PP –pese a ser preguntado ayer en rueda de prensa– prefiere no pronunciar. De momento.