Los previos de una «tregua fiasco»

El preludio de la noticia conocida ayer hay que situarlo meses atrás. Una serie de «movimientos» registrados en distintos espacios indicaban que los terroristas podían recuperar un protagonismo que los últimos golpes policiales habían mermado en consideración. Detenciones sucesivas de dirigentes etarras, acercamiento a cárceles del País Vasco, o próximas, de etarras que suscribieron un documento en el que, al menos aparentemente, expresaban su arrepentimiento y compromiso de abandonar la banda, y el reciente acuerdo entre Eusko Alkartasuna y la denominada izquierda abertzale, son parámetros que guardan relación con la última «estrategia» etarra.

El mensaje de firmeza policial, por un lado, y de «premiar» a los presos que públicamente se desmarquen de ETA, han sido dos de los ejes centrales del Gobierno en esta materia. Las 32 detenciones de miembros de la banda detenidos en el primer trimestre de este año, dejaron bastante mermada a la banda. La del considerado jefe del «aparato militar», Mikel Carrera Sarobe, en mayo, fue un ejemplo de que Interior no iba a cejar en esa política. Estos arrestos disminuyeron notablemente la capacidad de ETA de atentar, toda vez que le resultaba cada vez más difícil buscar los «relevos».

Y, junto a ello, la banda comprobaba cómo Interior «premiaba» a los presos que se desmarcaban de ella. Una actuación dirigida a mermar la «resistencia» del «frente de makos», es decir, del colectivo de reclusos, a crear la división y transmitir el mensaje de que la única esperanza de ver mejorada su situación penitenciaria es dejar definitivamente el mundo etarra y pedir perdón a las víctimas en una carta firmada .

Otegi, más cerca
De esta forma, quienes se aferraban a la disciplina de la banda han visto cómo los que han participado como ellos en acciones terroristas eran trasladado a prisiones cercanas a sus domicilios. Así, la prisión de Nanclares de la Oca ha recibido a una veintena de esos reclusos que habían suscrito la citada carta de arrepentimiento. La última «premiada» ha sido Idoia López Riaño, «La Tigresa», condenada por 23 asesinatos. Significativo fue igualmente el traslado el pasado mes de mayo del dirigente batasuno Arnaldo Otegi desde la prisión de Navalcarnero a la de Logroño.

Pero, quizás, el «movimiento» más significativo se produjo hace menos de tres meses, el pasado 20 de junio, cuando Eusko Alkartasuna y la denominada Izquierda Abertzale suscribían un acuerdo con el objetivo de crear un Estado vasco por «vías pacíficas» y lograr «la desaparición de todo tipo de violencias». Eso sí, sin citar a ETA ni una sola vez. La «foto de familia» es bastante significativa por sí misma. Y ello porque en la parte de esa izquierda abertzale aparecían como firmantes, entre otros, Ione Goiricelaya, habitual defensora de presos etarras, y Rufi Etxebarría, para quien el fiscal pide doce años de cárcel por un delito de integración en ETA. El comunicado etarra se produce pocas horas después de que solicitasen a la banda un «alto el fuego permante» con «verificación internacional».

Casi simultáneamente a esa petición se conocía que el Departamento de Interior del Gobierno Vasco iba a «reajustar» los servicios de escoltas, al considerar que el nivel de riesgo ha podido cambiar para algunos de quienes lo tenían asignado.

Y, además, el anuncio de la banda se realiza en un año donde no pocos miembros de Batasuna que estaban en prisión recuperaron su libertad. En abril lo hicieron bajo fianza diez líderes de esa formación, tras llevar en prisión desde octubre de 2007. Otros siete relacionados con formaciones ilegalizadas recuperaron su libertad meses atrás. También en abril salió de la cárcel Rafael Díez de Usabiaga, para que cuidara a su madre, aunque parece que ello es dudoso cuanto menos.