La acusación popular pide ahora cárcel para Garzón por extorsión

MADRID- El comunicado del juez Baltasar Garzón en el que tachaba de «sesgada, parcial y no verdadera» su imputación por cohecho impropio en la causa que investiga el patrocinio de sus cursos en Nueva York en 2005 y 2006, no ha tardado en obtener respuesta. Los abogados José Luis Mazón y Antonio Panea –que ejercen la acusación popular en la misma– recurrirán, previsiblemente hoy mismo, la resolución del magistrado del Tribunal Supremo (TS) Manuel Marchena, a quien instarán a sentar en el banquillo a Garzón no sólo por cohecho, sino también por prevaricación y un delito continuado de extorsión. Esta última imputación no es una cuestión menor, pues lleva aparejada una pena de uno a cinco años de cárcel.

La réplica a Garzón se produjo ayer también a través de un comunicado de ambos letrados, para quienes es «falso» que el magistrado suspendido en sus funciones «no haya pedido ni gestionado los fondos de los patrocinios». Panea y Mazón insisten, de hecho, en que el juez pidió 2.595.375 dólares a empresas españolas «valiéndose de su cargo», obteniendo supuestamente gracias a sus gestiones 1.237.000, «donativos» que no se hubieran concedido «de no ser el juez Garzón quien los solicitaba».

Para la acusación popular –en esta causa, como en las otras dos a las que hace frente el juez Garzón en el Tribunal Supremo, la Fiscalía no acusa– un juez «que usa el cargo para pedir fondos a grandes empresas que tuvieron o pueden tener casos en su juzgado incurre en una conducta penalmente prohibida y no sólo a título de cohecho».

Los letrados defienden que el juez de la Audiencia Nacional «ocultó» al Consejo General del Poder Judicial que, además de su sueldo como magistrado, «cobraba clandestinamente un sueldo de 10.000 dólares mensuales durante 15 meses», que según la acusación popular salió de la misma cuenta bancaria de la Universidad de Nueva York donde las empresas ingresaban los patrocinios solicitados por él mismo.
Mazón aseguró a este periódico que el delito de prevaricación se sustenta en el hecho de que Garzón «asumió la competencia en un asunto en el que era manifiestamente incompetente», pues debió abstenerse de conocer la querella contra los responsables de una de las entidades que habría patrocinado sus cursos en Nueva York, que fue archivada. El letrado mantiene que el juez pudo incurrir en un cohecho (no sólo impropio), ya que «no se limita a aceptar regalos, sino que los gestiona y solicita él mismo».

Mazón asegura que las conductas descritas en su auto por Marchena –quien apuntó que Garzón contactó con directivos de importantes empresas españolas «de los que tenía la seguridad de que nunca iban a denegar un patrocinio que estuviera impulsado» por él– «podrían encajar en un delito continuado de extorsión». El artículo 243 del Código Penal castiga con penas de uno a cinco años de cárcel a quien con ánimo de lucro obligare a otro «con violencia o intimidación a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o del de un tercero».

«Garzón era consciente –aseguran en el comunicado Panea y Mazón– de la presión psicológica que ejercía para recaudar fondos que ninguna universidad hubiera obtenido de las mismas empresas» de no ser el solicitante «el juez de las causas de más riesgo para las empresas».

Garzón declarará hoy en el Tribunal Supremo acusado de prevaricación por su investigación de los crímenes del franquismo, a no ser que el tribunal que le juzga dé por buenos los argumentos de su defensa y de la Fiscalía y opte por archivar la causa.