El Gobierno quiere que la UE «hable con una sola voz» frente a Mas

Madrid- En menos de un mes, la Comisión Europea ya advirtió a Cataluña, en dos ocasiones, sobre los riesgos de la independencia. La primera vez, el pasado 31 de agosto, por boca de su presidente Jose Manuel Durao Barroso. La segunda, fue el portavoz del Ejecutivo comunitario, Olivier Bailly, el que insistió, coincidiendo precisamente con la festividad de la Diada, el 11 de septiembre. En ambos casos el mensaje era claro: una Cataluña independiente de forma unilateral quedaría fuera de la Unión Europea y, si quisiera volver al club, tendría que renegociar su adhesión.

Por si acaso, el Gobierno español no se ha quedado de brazos cruzados y ha enviado a Bruselas un escrito formal en el que pide que todos los comisarios europeos «hablen con una sola voz», después de la polémica generada por unas declaraciones malinterpretadas de la vicepresidenta de la Comisión, la luxemburguesa Viviane Reding.

La también comisaria de Justicia dijo, en una entrevista con «El Diario de Sevilla», que «la legislación internacional no dice nada que se parezca» a que un nuevo Estado escindido de otro deba abandonar todos los organismos internacionales si se declara independiente. Reding se refería a organismos como la ONU o el Consejo de Europa, por ejemplo, y no a la UE, que es una unión de estados, un ente político que no tiene nada que ver con un «organismo» internacional. No obstante, la interpretación que hicieron diferentes medios de comunicación generó la polémica.

No obstante, para evitar esas malas interpretaciones, el Gobierno español exige al Ejecutivo comunitario en esa misiva que todos sus miembros se limiten a explicar la posición de Bruselas «de conformidad con los tratados». Eso es, ni más ni menos, lo que ya hizo Durao Barroso en su respuesta a la parlamentaria italiana de la Lega Norte, Mara Bizzotto, a finales de agosto. En ella afirmaba que una hipotética secesión de una parte de un Estado miembro implicaría el abandono de la Unión Europea. También su portavoz, precisamente el pasado 11 de septiembre, festividad de la Diada, se pronunciaba en términos inequívocos.

Bailly dijo que, si se produce una separación de una región, «esta nueva entidad no sería parte de la Unión Europea y por ello tendría que pedir la adhesión». Y para eso necesitaría la aprobación unánime de los 27 estados miembros, incluida España.
Por si queda alguna duda, aún hay más antecedentes en los que Bruselas se pronuncia a favor de las tesis españolas. En 2004, en respuesta a un eurodiputado británico, la Comisión dejaba claro que «una región independiente nueva se convertiría, por el hecho de su independencia, en un país tercero respecto de la Unión y los tratados no se aplicarían en su territorio desde el día de su independencia».

Salvaguarda constitucional
Por todo ello, el Gobierno está seguro de que la UE no aceptará una secesión unilateral en ningún estado miembro. Se basa en el artículo 4.2 del Tratado de la UE, según el cual sólo sería legal una secesión pactada con España. Algo que impide la actual Constitución, que, en su artículo 1.2, establece que «la soberanía nacional reside en el pueblo español», y en su artículo 2 añade que la Constitución «se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación Española».

Incluso si se llegara al caso de que una parte del actual territorio de España se separara del resto de forma pactada –porque hubiera cambiado la Constitución, por ejemplo–, el nuevo Estado segregado no estaría automáticamente dentro de la Unión Europea, sino que tendría que iniciar un proceso de adhesión completo que sólo concluiría cuando los miembros de la Unión estuvieran unánimemente a favor de su ingreso. Incluida España, por supuesto.

Artículo
4.2 del TUE
El artículo 4.2 del Tratado de la Unión Europea (TUE) señala que ésta «respetará» la «identidad nacional» de sus miembros «inherente a sus estructuras políticas y constitucionales, y también respecto a la autonomía local y regional». Añade que «respetará las funciones esenciales del Estado, especialmente las que tienen por objeto garantizar su integridad territorial, mantener el orden público y salvaguardar la seguridad nacional».