Reformas contra la crisis

La incertidumbre, la desconfianza, la crisis financiera, la crisis fiscal y la «guerra de divisas» están ensombreciendo el panorama económico mundial en los primeros meses de 2011, del que sólo las economías emergentes y Alemania han logrado escapar. Por ello es necesario diseñar un nuevo orden económico mundial, con el fin de coordinar las estrategias económicas y evitar las «guerras de divisas» y las políticas de empobrecimiento del vecino. En España, aunque se han abandonado las tasas negativas de crecimiento del PIB, persiste un grado de incertidumbre más elevado aún. Apenas se ha avanzado en la corrección de nuestros desequilibrios, el potencial de crecimiento es muy débil, el recorrido de las medidas para reducir el déficit público no va más allá de 2011, las reformas estructurales son insuficientes y a todo esto hay que añadir los ataques sufridos por nuestra deuda en los mercados internacionales. Parte de nuestra clase política ha creado esta incertidumbre, que se ha intentado frenar con las últimas medidas que, aunque bien orientadas, se han quedado cortas.

Además, es inquietante el riesgo de que la crisis de la deuda soberana siga trasladándose a la deuda española. España se mueve en el filo de la navaja y cualquier indicio de relajación en el cumplimiento del compromiso de reducción de déficit o en el avance en las políticas de reformas estructurales podría ser fatal. Así que, para impulsar y garantizar el crecimiento económico, es imprescindible una reestructuración del gasto que obligue a su reducción, eliminando todas las partidas improductivas y adoptando medidas orientadas a la maximización de la eficiencia en la gestión y en la actuación de las Administraciones Públicas.

Hay que recuperar la confianza de los inversores internacionales, aunque ya se ha empezado con la reducción del déficit público, cuyo saldo negativo acumulado hasta septiembre de 2010 fue inferior en un 47% al alcanzado en el mismo mes de 2009; en cualquier caso, la previsión de déficit para las AA PP en 2010 es ligeramente superior al objetivo del Gobierno, un 9,5% del PIB, y también lo es en el caso de la previsión para el próximo año, un 6,5% del PIB.
Por otro lado, se tendrían que reducir los impuestos empresariales, pues es la vía más efectiva para recuperar la competitividad y, por ende, el crecimiento y el empleo. Además, para compensar el incremento del IVA, se deberían reducir las cotizaciones sociales empresariales que gravan la contratación y aumentan los costes de nuestras empresas con relación a las foráneas. Otro de los problemas es la Sanidad, por lo que habría que hacerse una reforma de ese gasto público a través del copago que disuadiría la demanda excesiva, reduciría el gasto sanitario y aliviaría las ineficiencias. También se tendría que abordar la reforma del mercado de trabajo, mediante la modernización de las relaciones laborales. Pero el problema en España es la rigidez de estas últimas. No es admisible que en una estructura productiva como la nuestra, con múltiples actividades de naturaleza estacional y en la que se pretende el mantenimiento de unas excesivamente elevadas indemnizaciones por despido, se plantee el endurecimiento de las fórmulas de contratación temporal, limitándolas a dos años y encareciendo la cuantía de su indemnización. La consecuencia inevitable será la pérdida de una parte significativa de los contratos. Si se quiere fomentar la contratación indefinida sería un avance limitar el coste de su despido a 33 días, pero mejor hubiera sido disminuirlo más para incitar a la contratación. Tampoco es aplazable la reforma del sistema contributivo de pensiones, ya que corremos el riesgo de quiebra del sistema por el envejecimiento demográfico y por el aumento de desempleo; por tanto es necesario retrasar la edad de jubilación a los setenta años.

Desde el IEE, las previsiones para el próximo año son que el PIB alcance un 0,5%, lo que indica que se producirá un estancamiento económico. Respecto al empleo se prevé una nueva reducción, mientras que la tasa de paro se elevará hasta el 20,3%. Por otro lado, la tasa general de inflación podría situarse en 2011, al igual que en 2010, en el 1,6%, si bien este resultado está condicionado por la evolución del precio del petróleo y por la cotización del euro.

En definitiva, estamos en un momento en el que debemos acometer unas reformas en profundidad, y aunque cualquier proceso de cambio siempre genera incertidumbre y requiere afrontar sacrificios, la sociedad española, agotada de sufrir la crisis, no sólo exige estos cambios sino que, además, está suficientemente preparada para asumirlos. Es hora de dejar de lado los prejuicios y las ideologías, y de comenzar a recorrer la senda que culmine en una sociedad en la que el bienestar y la libertad de todos los agentes estén garantizados. Y recordar además, que la mejor vía para la recuperación del crecimiento es la de apostar por la libertad de empresa en un contexto de libre mercado en el que se garanticen los derechos de propiedad.