Ares explica a los jueces los cambios en la política de escoltas

El consejero de Interior del Gobierno Vasco, Rodolfo Ares, se ha reunido hoy en Bilbao con representantes de la judicatura vasca para explicarles los cambios en la política de escoltas, han informado fuentes gubernamentales.

La reunión, que se ha celebrado en la sede del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en Bilbao, comenzó sobre las 13 horas y finalizó poco antes de las 15:30. Al término del encuentro el consejero ha rehusado hacer declaraciones a los periodistas.

Posteriormente, en una nota de prensa conjunta de Interior y el TSJPV, se ha explicado que Ares ha informado sobre los estudios de evaluación de riesgo que se han realizado a jueces y fiscales y sobre los planes del Departamento de Interior para reorganizar los servicios que presta a ambos colectivos, de cara a optimizar los recursos y prestar la máxima seguridad al conjunto de las personas amenazadas.

Ares, según la nota, ha anunciado que responsables de Interior mantendrán próximamente entrevistas individuales con cada uno de los jueces y fiscales para tener en cuenta su opinión sobre los estudios realizados.

Hasta que no finalicen estas entrevistas, según el comunicado, el programa de protección de los miembros de la judicatura en el País Vasco va a atenerse al esquema actual en cuanto a dotación de recursos humanos se refiere.

En el encuentro, junto a Ares y al presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Juan Luis Ibarra, ha tomado parte también el viceconsejero de Justicia, José Manuel Fínez, "en razón del interés de la Sala de Gobierno en que estas reuniones contribuyan a mejorar la coordinación entre los servicios de seguridad de edificios y de protección de personas, respectivamente encomendados a cada uno de los Departamentos de Justicia y de Interior".

El consejero de Interior del Gobierno Vasco, Rodolfo Ares, dio a conocer ayer que el servicio de escoltas se reorganizará de acuerdo con una evaluación de riesgos para "ser más operativos"y proteger a las personas que "objetivamente tienen riesgo".

Ares explicó que la evaluación tiene en cuenta la amenaza terrorista y los cambios en la vida de los protegidos, puesto que algunos han abandonado la "responsabilidad institucional o política"que tenían cuando se les asignó escolta.

El objetivo, recalcó, es "garantizar la máxima seguridad de las personas que objetivamente tienen riesgo", aunque "sabiendo que mientras ETA no desaparezca la amenaza es sobre mucha gente".