El Gobierno reformará la Ley de Memoria Histórica para «reparar más injusticias»

La sombra de la causa abierta contra Garzón en el Supremo guió toda la intervención del ecosocialista, aunque en ningún momento se mencionó al magistrado por su nombre. Es más, Francisco Caamaño no entró al trapo y habló, sólo, de la aplicación y el desarrollo de una ley que ha reconocido derechos, repartido ayudas, extendido reconocimientos, expedido certificados y concedido subvenciones a organizaciones y entidades sociales. El titular de Justicia glosó buena parte de lo logrado desde la entrada en vigor de la norma: se ha mejorado la pensión y asistencia sociosanitaria de 7.000 viudas y 13.000 huérfanos de víctimas del franquismo; se ha revisado al alza el tratamiento fiscal de las ayudas; se han concedido indemnizaciones a quienes durante la dictadura se vieron privados de su libertad; se han indemnizado a todos aquellos que entre el 1 de enero de 1968 y el 1 diciembre de 1977 lucharon por la democracia; se han indemnizado a los llamados presos sociales, privados de libertad por su condición de homosexuales; se ha reconocido la nacionalidad española a 90.000 descendientes de exiliados: se ha concedido el pasaporte español que un día se les negó a los brigadistas internacionales; se han retirado símbolos franquistas de la Administración General del Estado y los Organismos Públicos; se ha creado la Oficina de Asistencia y Asesoramiento para las víctimas del franquismo: se han repartido entre 2006 y 2009 14 millones de euros entre las asociaciones que traban por la Recuperación de la Memoria y se han expedido 600 declaraciones de reconocimiento de víctima; se ha redactado un protocolo unificado para las exhumaciones… Mapa de fosas¿Suficiente? Depende para quien, para el ministro, que anunció además la inminente publicación del mapa de localización de fosas que contemplaba la ley, el desarrollo de la ley ha sido "adecuado y fructífero". Si bien, dijo, que el Ejecutivo de Zapatero "está abierto al diálogo y a revisar lo que haga falta revisar!"porque siempre ha estado dispuesto "a reformar leyes, siempre desde la responsabilidad, para combatir cualquier discriminación o injusticia". Caamaño dejaba así la puerta abierta a la relectura de una de las leyes que más páginas de periódico ha ocupado en los últimos años.Ahora bien, su compromiso no fue suficiente para un Joan Herrera que pretendió en todo momento arrancar al ministro una palabra de condena, un reproche o una amonestación contra el Supremo o contra quienes han acusado al juez Garzón de prevaricación por apropiarse de una causa para la que no era competente. No lo logró. Herrera, que afirmó que "España ha confundido el perdón con el olvido y la amnistía con la amnesia", acusó al Gobierno de falta de ambición y compromiso con la Memoria Histórica, un texto que salió en el Congreso con su voto y que ahora califica de "insuficiente". ¿Motivo? Especialmente "porque ha permitido un vía crucis judicial a los familiares de las víctimas"que hoy quieren recuperar los restos de sus seres queridos. Herrera hizo un recordatorio del procedimiento que siguieron los familiares hasta llegar al juzgado número 5 de la Audiencia Nacional, la instrucción del titular de la Sala, los escritos de la Fiscalía, la querella presentada contra el juez y la causa abierta en el Supremo. Todo para concluir que "tenemos un proceso que ensucia la Memoria"y "una ofensiva sin precedentes de la derecha"mientas el Gobierno actúa con "pasividad"y se resiste a reformar las leyes para "acompañar a las víctimas y evitar que los crímenes del franquismo dejen de ser delito". "No más desmemoria, no más olvido", espetó el diputado de ICV antes de emplazar al Gobierno a que cree una Fiscalía especial para atender a las víctimas del franquismo, a que reforma la Ley de Memoria y se sitúe sin disimulo del lado de las víctimas. La próxima semana, más. La interpelación de ayer de Joan Herrera irá seguida de la consiguiente moción que deberá someterse al pleno de la Cámara para su aprobación. Se verá entonces, negro sobre blanco, lo que realmente persigue ICV y hasta dónde está dispuesto a llegar el Gobierno.