La Junta dice ahora que evita hablar de los ERE «porque el caso está en vía judicial»

«No hago comentarios sobre cuestiones de casos que están en sede judicial». Las palabras de ayer del consejero de Empleo de la Junta de Andalucía, Manuel Recio, resumen la máxima que se ha instalado en el Gobierno andaluz para responder a temas relacionados con las irregularidades detectadas en los expedientes de regulación de empleo financiados con fondos públicos –647 millones entre 2001 y 2009–.

Manuel Recio, consejero de Empleo
Manuel Recio, consejero de Empleo

La estrategia es similar a la que ha seguido, por ejemplo, el Ejecutivo central para no pronunciarse sobre otras cuestiones incómodas como el «caso Faisán»: «Está en vía judicial», repite el vicepresidente primero, Alfredo Pérez Rubalcaba, desde hace varios meses.

El Gobierno que preside José Antonio Griñán ya ha trazado su camino: investigará de manera interna si existen más intrusos en ERE aprobados por la Consejería de Empleo –vigentes o extinguidos– y los trasladará al juzgado de instrucción número 6 de Sevilla. Colaborará con la Justicia pero minimizará el impacto de la trama –que atribuye a «tres o cuatro golfos»– para que no tenga un coste electoral en las municipales de mayo. Las responsabilidades políticas no alcanzarán más allá del ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, que fue cesado en 2008 – fue la persona que declaró que disponía de un «fondo de reptiles» aunque luego se retractó– . La Convención Municipal del PSOE celebrada el pasado fin de semana en Sevilla ha servido para que el vicepresidente tercero, Manuel Chaves, defendiera la honestidad de su Gobierno en la gestión de esos fondos.

Ni la aparición del cuñado del secretario provincial del PSOE en Sevilla, José Antonio Viera, en un ERE de una de las empresas investigadas –Cuerotex– hizo variar esta hoja de ruta. En este caso, no se trata de una ilegalidad porque era trabajador de la empresa, pero fuentes de la investigación apuntan que los prejubilados que se acogieron a este ERE en 2003 y 2005 recibieron un trato preferente porque añadieron a la póliza ordinaria una adicional que les reportó 400 euros mensuales. Viera es diputado autonómico y senador, y entre 2000 y 2004 estuvo al frente de la Consejería de Empleo.