El Gobierno ultima una reducción de concejales en todos los municipios

MADRID-El Gobierno estudia la modificación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) para reducir el número de concejales en los ayuntamientos. Una medida muy simbólica en una etapa de recortes y ajustes en todos los ámbitos y fácil de ejecutar porque sólo exige modificar el artículo 179 de la LOREG, en el que se delimita la horquilla que en la actualidad regula el tamaño político de cada ayuntamiento en función del número de residentes en esa circunscripción. De momento la negociación con el PSOE avanza a pasos contados y la impresión en el Ejecutivo es que los socialistas «están buscando excusas porque no tienen mucho ánimo de pactar». En la mesa de diálogo el PSOE ha presentado otro documento, de «bajo nivel técnico», y, para el Gobierno, la prueba de que el pacto es complicado. Aun así, el diálogo sigue abierto y desde Administraciones Públicas guardan silencio y evitan la confrontación con los socialistas, ni siquiera a cuenta, por ejemplo, de sus recelos iniciales a la propuesta de reducir el número de concejales.

El PSOE no ha sido nunca partidario de adoptar medidas que rebajen la proporcionalidad del sistema electoral, o dicho de otra manera, que hagan más difícil que los partidos minoritarios tengan representación parlamentaria. Si se rebaja el número de concejales disminuiría la proporcionalidad e inevitablemente las minorías tendrían menos cuota de poder. Esos partidos más pequeños son en su mayoría de izquierdas o regionalistas y, por su tendencia natural, socios más cercanos al PSOE que a los populares. Al margen de ese cálculo partidista, el PP entiende que la reducción de concejales es una medida de ejemplaridad que entra dentro de la demanda de la ciudadanía de que los recortes toquen también al «estado del bienestar» de los políticos.

La reforma de la LOREG necesita de mayoría absoluta, por lo que el PP no tendría problemas para sacarla adelante. Aunque al ser una modificación del régimen electoral conviene que cuente con el respaldo de los dos partidos mayoritarios para garantizar su continuidad en el tiempo. Por eso el empeño del Gobierno por intentar acercar posiciones con el principal partido de la oposición en esta reforma administrativa que quiere que pase por informe del Consejo de Ministros antes de agosto.

En contrapartida, los socialistas han planteado que se regule el sueldo de los alcaldes y de los concejales, de tal manera que la reforma local contemple también límites a las retribuciones de estos cargos públicos. Esta medida también resulta muy popular, pero en la práctica es más difícil de ejecutar y afecta a sólo una parte de la plantilla municipal. Por un lado, en casi todos los pueblos pequeños (de menos de 500 habitantes) ni el alcalde ni los concejales cobran o si lo hacen es una cantidad simbólica. Generalmente son personas que se dedican a otros trabajos y que se ganan con ellos la vida: agricultores, tenderos, farmacéuticos... En España hay más de 1.000 ayuntamientos con menos de 100 habitantes y casi 4.000 con menos de 500. Las dificultades de ejecución de esta reducción de sueldos vienen de que, con independencia del número de habitantes, las exigencias y el nivel de trabajo en cada corporación local son muy diferentes. No obstante, la situación actual, en la que cada ayuntamiento delimita el sueldo de su Gobierno, ha llevado a que haya casos verdaderamente escandalosos que justificarían que, al menos, sí hubiera un tope por ley orgánica para el régimen de retribuciones en su conjunto. Ahora lo decide cada Gobierno local.

Como ya adelantó este periódico, la reforma de la Ley Orgánica de Bases del Régimen Local y de la LOREG vaciará de competencias a los ayuntamientos pequeños para que esas funciones las centralicen las diputaciones; revisará las llamadas competencias «impropias»; reformará también el actual sistema de financiación, de modo que las comunidades autónomas dejen de gestionar la transferencia de fondos para las competencias cedidas a los municipios (corrigiendo así el modelo en el que ceden la competencia pero luego no hacen el traspaso de la financiación); y, en su conjunto, reordenará las competencias que ejercen comunidades y ayuntamientos para acabar con las duplicidades. Habrá, asimismo, una evaluación de servicios para determinar la eficiencia y la calidad en la prestación de los mismos.

Las «pegas» de los socialistas
El PSOE criticó ayer la propuesta del Ministerio de Hacienda para que las diputaciones asuman y centralicen la prestación de servicios por parte de los pequeños municipios. Hacienda dice que es una medida que servirá para ahorrar costes y ganar en eficiencia, mientras que los socialistas sostienen que esta propuesta busca «privatizar» y «desmantelar» los pequeños ayuntamientos.